En esta oportunidad, el indicador evaluó 82 países de Europa y América, en función de datos obtenidos de fuentes públicas, específicamente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. De esta forma, el trabajo diferenció tres grupos: los infiernos fiscales (del puesto 1 al 13 del ranking), los países en riesgo de convertirse en uno (ocupan del lugar 14 al 32) y los países en situación de normalidad (del lugar 33 al 82 del ranking).
¿Cómo le fue a Uruguay en esta nueva edición del ranking? Esta vez, Uruguay se ubicó en el lugar número 72 del listado, con un puntaje total de 4,40 (compuestos por 6 puntos en la medición cuantitativa y 2 puntos en la medición cualitativa). De esta forma, se ubicó entre los países considerados como normales, y sólo Aruba y Puerto Rico consiguieron mejores resultados en América Latina y el Caribe.
Los países vecinos, Argentina y Brasil, en cambio, obtuvieron muy malos resultados. Argentina, por segunda vez consecutiva se ubicó en el podio de los peores infiernos fiscales (en el lugar número 3, sólo superado por Venezuela y Bielorrusia) y Brasil se ubicó en el lugar número 5, mostrando un fuerte deterioro en comparación a la edición anterior.
Cómo se realizó el estudio La metodología utilizada para realizar este índice consistió en evaluar a cada uno de los 82 países integrantes del ranking a través de una variable cuantitativa, que representa el 60% de la puntuación total, y una variable cualitativa, que responde a la calidad de gobierno, y representa el 40% de la puntuación total.
En la variable cuantitativa se tuvo en cuenta la presión fiscal -medida como impuestos totales en porcentaje del PBI-, la presión de la deuda media -medida como el total de la deuda pública sobre el PBI-, la presión inflacionaria -medida como un índice de inflación- y la potencial presión fiscal -medida como la diferencia entre gastos e ingresos públicos sobre el PBI-. Toda la información fue extraída de datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
A nivel cualitativo, los indicadores considerados fueron la voz y rendición de cuentas, el Estado de derecho, la calidad de la regulación, la estabilidad política, la eficiencia estatal y el control de la corrupción.