Los sistemas de contratación y financiación de infraestructura que tiene Uruguay, las oportunidades que ofrecen estos mecanismos y los desafíos que presentan en lo referido a un uso más eficiente de los instrumentos fueron los pilares de un debate organizado por la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) y el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (CEEIC).
Alejandro Ruibal, presidente de CCU, fue el encargado de dar inicio al encuentro denominado “Mecanismos de contratación y financiamiento de proyectos de infraestructura”, haciendo referencia a la eficiencia, la sostenibilidad y la equidad como pilares que impulsan la inversión en infraestructura.
“Cuando se invierte en infraestructura hay una mejora clara de la productividad, que permite captar más inversiones del extranjero y al mismo tiempo fomenta el desarrollo de varios sectores de la economía. Hablar de sostenibilidad es partir de la base de que es inconcebible el desarrollo de infraestructura que no cuide el medioambiente y no proteja los recursos naturales, así como la generación de nuevos proyectos que mejoran la resiliencia de las ciudades en lo que respecta a los desastres climáticos. Por último, está la equidad, en tanto el desarrollo de infraestructura permite disminuir las desigualdades, mediante la creación de empleo directo e indirecto”, detalló.
En esta línea subrayó dos aspectos cruciales al momento de realizar una inversión en infraestructura, por un lado, la elección de los proyectos, que deben ser seleccionados atendiendo el plan estratégico a nivel país, y por otro, los mecanismos de contratación y financiación.
El encuentro tuvo como primer orador a Pablo Rosselli, socio de Exante, quien detalló que el capital invertido en obras de infraestructura en los últimos cinco años asciende a más de 10.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad pertenece al sector privado.
“En contratos de Participación Público Privada (PPP) tenemos unos 1.700 millones de dólares en construcción de carreteras y ferroviarios, 750 millones de dólares en contratos de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial dentro de la faja de dominio público (CREMAF), así como 200 millones de dólares destinados a la construcción de centros educativos”, expresó.
El especialista líder en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, Andrés Pereyra, ofreció una mirada regional en temas de financiamiento con énfasis en fondeo, destacando que en Uruguay este mecanismo proviene principalmente de los usuarios y contribuyentes.
“Uruguay tiene un porcentaje muy alto de infraestructura y servicios que se fondean con pago de los usuarios. Esto es muy importante porque el escenario futuro va a ser de restricción de la posibilidad de destinar recursos públicos a la infraestructura y el hecho de que tengamos pagos de los usuarios es una buena noticia y algo en lo que hay que pensar para obtener un buen mix a futuro”, explicó.
En este sentido, el socio de Dentons, Fernando Jiménez de Arechaga, profundizó en lo imperioso de ampliar las opciones de inversión privada, partiendo de que el déficit fiscal se encuentra en niveles muy altos.
Detalló que, dentro de las opciones de inversiones privadas, las PPP han sido las que más han destacado en los últimos años y que tienen “terreno fértil” en proyectos de altas complejidades técnicas y montos elevados.
Fabián Ibarburu, gerente general para Uruguay de CAF-Asset Management Corporation (CAF-AM) y presidente de CFA Society Uruguay, subrayó que los fondos previsionales han tenido un rol fundamental en el financiamiento de infraestructura.
El 16% de los portafolios están invertidos en fideicomisos, lo que significa una inversión de 4.000 millones de dólares. Esto es una tendencia que se va a ir incrementando”, dijo.
Por su parte, Magdalena Perutti, socia de KPMG Uruguay, explicó que los distintos acuerdos publico privados, como los PPA, PPP y CREMAF, han permitido organizar los proyectos de diversas maneras, por lo que cada mecanismo ha conformado un mix de distribución de riesgos adecuado.
“Estos instrumentos son válidos en tanto han sido probados y hecho un mix armonioso entre la forma en que el sector público distribuye estos riesgos para que el sector privado pueda adquirirlos”, detalló.
Sebastián Ramos, socio de Ferrere, abordó los aspectos transversales a los instrumentos que permitirían mejorar los tipos y costos de estructuración de los proyectos y mencionó como ejes a considerar; el valor de terminación del contrato, la exigencia del capital y sus restricciones y la ampliación del contrato.
El cierre del evento estuvo a cargo de Alfonso Capurro, presidente del CEEIC, quién destacó que el debate sobre los diversos instrumentos de contratación y financiación con los que cuenta Uruguay y su capacidad de potenciar la inversión en infraestructura pública han sido los objetivos estratégicos del evento y remarcó que las instancias como estas permiten hacer una revisión del camino recorrido.