Los informes procuran crear un conjunto único de normas fiscales internacionales basadas en el consenso, para abordar problemas de la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios (BEPS), buscando ofrecer mayor certeza y previsibilidad a los contribuyentes.
Abordar los desafíos fiscales planteados por la digitalización ha sido una de las prioridades de la OCDE desde 2015. El análisis del asunto derivó en la aprobación de un programa de trabajo en dos pilares. El Pilar 1 aborda la asignación de los derechos tributarios entre las jurisdicciones y considera varias propuestas para determinar reglas de asignación de beneficios y el nexo para que pueda determinarse quién tiene derecho a gravar. El Pilar 2 en los hechos excede el ámbito de la economía digital y contempla el desarrollo de un conjunto coordinado de reglas para evitar que las multinacionales transfieran ganancias a jurisdicciones de baja o nula imposición.
Estos nuevos documentos (“blueprints”) muestran que la tan buscada solución de consenso está aún lejos de conseguirse, con intereses contrapuestos entre los principales jugadores de la economía mundial. Hasta enero de 2021 se abrió un período de consulta pública, en el que aportarán academia, empresa y gobiernos de todo el mundo.
La pregunta del millón es: ¿tendremos humo blanco para mediados de 2021?
Por: Eliana Sartori, directora de Asesoramiento Tributario, Legal y Contable de PwC Uruguay.
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