El Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, presentado por el gobierno de Yamandú Orsi, prevé un aumento real del gasto público de 10% en el quinquenio para el Gobierno Central (incluyendo BPS). Según el último informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), este incremento es comparable al registrado en el período 2015-2019 (10,6% bajo el segundo gobierno de Tabaré Vázquez) y superior al observado durante la administración de Luis Lacalle Pou (5%).
En la desagregación por áreas, los mayores incrementos se concentran en Salud (+54,8%), Protección Social (+34,2%) e Infraestructura, Transporte y Comunicaciones (+35,3%). También crecen las pasividades y las transferencias a gobiernos subnacionales. En cambio, Educación (-1,3%), Trabajo y Empleo (-29,8%) y Ciencia y Tecnología (-8,4%) muestran caídas en términos reales.
Supuestos optimistas y riesgos fiscales
El informe subraya que las proyecciones oficiales parten de un escenario optimista de crecimiento económico. El Ejecutivo prevé un aumento promedio del PIB de 2,4% anual entre 2025 y 2029, más del doble del 1,1% registrado en la última década con condiciones externas similares a las previstas.
De repetirse ese desempeño histórico, el déficit fiscal en 2029 sería de -3,4% del PIB, frente al -2,6% proyectado por el gobierno. Además, la competitividad se deterioraría, ya que se proyecta que los precios internos crezcan 21% frente a un dólar que subiría apenas 11% en el período, encareciendo la producción nacional y restando atractivo para las inversiones.
Interrogantes sobre ingresos e inversión
CERES también plantea dudas respecto al aumento de la recaudación que el gobierno espera obtener mediante nuevos tributos y mejoras en la eficiencia de la DGI. Entre las medidas figuran el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico a multinacionales, cambios en el IRPF a patrimonios en el exterior, el IVA a compras bajo régimen de franquicias y normas antiabuso, entre otros.
Si estos ingresos resultaran 50% menores a lo previsto, el déficit se ampliaría en 0,2 puntos del PIB en 2026, con un deterioro creciente en los años siguientes.
Otro punto crítico es la inversión. El presupuesto proyecta que la Formación Bruta de Capital Fijo promediará 16,6% del PIB, por debajo del período 2020-2024 (17,1%) y lejos del objetivo oficial de 20%. “No queda claro cómo se duplicará la tasa de crecimiento con un país caro, sin una agenda de reformas estructurales contundente y con niveles de inversión que no acompañan”, concluye el informe.
Desafíos estructurales
Más allá de las cifras, CERES recuerda que persisten problemas estructurales en la elaboración presupuestal: fragmentación institucional, superposición de cometidos y falta de transparencia en rubros que concentran alrededor del 30% del gasto, como “Partidas a Reaplicar”, “Subsidios y subvenciones” y “Diversos créditos”.
La organización advierte que el debate parlamentario debería no solo enfocarse en los montos, sino también en mejorar la eficiencia del gasto y la efectividad de las políticas públicas.
Tu opinión enriquece este artículo: