La semana pasada fue el lanzamiento de la campaña que busca juntar las suficientes firmas para enviar a la ley 19.210, la de Inclusión Financiera, a plebiscito. Que la norma es el Gran Hermano de la DGI, que es obligatoria, que los aranceles que cobran las tarjetas son elevados y que hay problemas para la implementación en las localidades más pequeñas son los principales argumentos de aquellos que buscan que se revea la ley impulsada por el gobierno del Frente Amplio.
Waldemar Álvarez, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay (Cesfur) y también director de Gales - Servicios Financieros, conversó con nosotros y expresó su inquietud sobre el tema. “Vemos que en algunos momentos no es inclusión, sino exclusión financiera”, dijo.
Según entiende, en primer lugar, las regulaciones complican demasiado los negocios de las empresas de dicho rubro. Por otra parte, indicó que preocupa la visión que se tiene desde el exterior: “hoy hay un tema escalado de risking manejado por los bancos internacionales. No deja de ser una excusa comercial frente a la competencia, pero en vez de recomendar que se aminore el riesgo, se elimina a las empresas”. De acuerdo a Álvarez, las empresas de servicios financieros están teniendo problemas al no poder conseguir corresponsales en Estados Unidos y Europa, como solía ocurrir. “Estamos reguladas por el Banco Central del Uruguay, reconocido como serio a nivel mundial, pero eso no vale en el exterior y se nos margina por ser empresas riesgosas por el rubro en el que trabajamos”, añadió.
El tercer punto que mencionó fue el que Lacalle Pou exponía días atrás: “en algunas localidades del interior, el cajero más cercano está a más de 50 kilómetros”. El presidente de Cesfur dijo que le parece bárbaro que todo tenga que estar bancarizado, pero no concuerda con el hecho de que la gente esté obligada a hacerlo. “Hay lugares en el interior profundo que no tienen cómo hacer ciertos trámites que se les está exigiendo. Por eso no diría de derogar la ley, pero sí de revisarla para poder hablar de inclusión financiera”, explicó.
Para ver la otra cara de la moneda, dialogamos con la presidente de ANDA, Elisa Facio, quien fue la pieza clave para que la asociación comenzara a ir a la par de la ley. A pesar de que la norma ha elevado el nivel de morosidad de los socios, porque ahora se les puede retener una cantidad más limitada del sueldo, Facio considera que una vez que las reglas se establecen, es necesario que cada uno aporte todo desde su lugar para tratar de construir. “La realidad es que la inclusión financiera se ha hecho en el mundo entero de la mano de las organizaciones sociales. A partir de que asumí como presidente, entendimos que teníamos un rol importante para tomar y ahora estamos muy cerca de todos los socios que tenemos en el interior, a quienes queríamos darles una herramienta para que ellos pudieran subirse a los beneficios de la ley”, dijo.
Respecto al argumento de exclusión sí o no, como buena ingeniera de Sistemas, la presidente de ANDA confía en que la tecnología será la solución para el interior. “Hay muchas experiencias en el mundo que demuestran cómo a través de un celular no inteligente están incluidos pueblos que no tienen ni luz ni agua: en África ocurre eso desde el 2006. Tienen un celular con el que hacen transferencias a través de un mensaje de texto. En otros países de América Latina también se hacen muchas transacciones a través de la red celular. Es algo que va a ocurrir, cambia todo muy rápido”, finalizó.
(* Aclaración aportada por la Asesoría Macroeconómica Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas: "Esto hace pensar que los trabajadores están obligados a recorrer esa distancia para cobrar su sueldo y eso es falso, ya que la Ley de Inclusión Fnanciera y su reglamentación establecen una excepción para todos los trabajadores, pasivos y beneficiarios de zonas rurales y localidades de menos de 2.000 habitantes que no cuenten con un punto de extracción de efectivo en un radio de 3 kilómetros".)
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