Por su parte, para mantener el ritmo de los cambios económicos y demográficos previstos en el país y considerando las necesidades existentes, se estima que Uruguay requerirá de inversiones en infraestructura por casi USD 60.000 millones hasta el 2040 (según Oxford Economics, 2017), lo que equivale a un 4,5% del PIB por año aproximadamente.
Esto representa un gran desafío para el Gobierno, aún más en el contexto de restricciones al gasto público y la actual coyuntura global por el COVID-19.
En este sentido, resulta crítico enfocarse en tres áreas clave. Primero, el desarrollo de un plan nacional de infraestructura que defina los objetivos, planes, prioridades y el marco institucional, financiero y regulatorio alineados a las necesidades actuales y futuras. La experiencia de los países más avanzados en la materia muestra que la planificación de calidad junto con el marco de estabilidad tradicional del país reduce riesgos (y sus costos asociados), aumenta la inversión privada y maximiza recursos. Segundo, la mejora de la eficiencia de la inversión pública a partir de la actualización sustancial del marco de gestión, de licitación, tecnológico y de procesos de control de la inversión con el foco en reducir costos y acelerar los plazos. Por último, considerar modelos de financiación innovadores, tales como mecanismos de captura de valor, monetización de activos públicos, esquemas de “blended finance”, bonos verdes, entre otros.
Por: Matilde Morales, gerente de Consultoría Económica de PwC Uruguay.
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