Si cada consumidor compra sus 40 gramos/mes (a US$ 1), se podría facturar US$ 96 millones/año

El Estado uruguayo sabe de arrebatar mercados al “hampa”. Lo hizo con el juego clandestino y con el alcohol, ambas actividades actualmente reguladas y de “consumo” legal. Ahora le toca el turno a la marihuana. Más allá del debate sobre el impacto que tendrá la regulación de la comercialización del consumo y la venta de esta droga “blanda”, mucha agua correrá bajo el puente hasta que se vendan los primeros “fasos” en los canales formales. El oficialismo, que votó en soledad la iniciativa el martes en el Senado (16 a favor y 13 en contra), estima que podrá quitarle al narcotráfico una porción del negocio de US$ 30 millones. Si tomamos en cuenta que en Uruguay hay unas 200 mil personas que consumen drogas, y si cada una de ellas comprara sus 40 gramos mensuales en las farmacias a US$ 1 el gramo, estaríamos ante un negocio de US$ 96 millones anuales.

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La noticia recorrió ayer el mundo y los medios nos pusieron en el “mapa” como el primer país en el mundo en el que se controlará la venta y el consumo. Y ese precisamente será el desafío principal: los controles. De hecho, la droga ingresa ilegalmente al país para abastecer un mercado de 200 mil consumidores y lo que se incauta es apenas el 10%. Pero todavía hay muchas preguntas por responder. ¿Las farmacias estarán obligadas a venderla? ¿Qué empresas proveerán las semillas? ¿Podrán ser transgénicas? ¿El narcotráfico va a dejar que le arrebaten el negocio o intentará “blanquearlo”? ¿Cómo se ubicará Uruguay en la “ruta” regional de las drogas? En fin, demasiadas preguntas para el primer día luego de aprobada la ley.
No obstante, la norma establece algunos lineamientos sobre las nuevas reglas de juego. Se van a otorgar siete tipos de licencias diferentes: para producir, acopiar y distribuir; licencia para expender en todo el sistema de farmacias (unas 1.200 en todo el país podrán vender hasta 40 gramos por persona por mes); licencia para autocultivadores; para clubes de cannabis; para la regulación de usos médicos, farmacéuticos y/o cosméticos. “Un  conjunto de herramientas que nos van a permitir dar cuenta de este mercado que hoy está en manos de las organizaciones criminales a través del mercado negro”, advirtió Julio Calzada, secretario General de la Junta Nacional de Drogas.
Asimismo se está trabajando en el sistema de registro que se instrumentará una vez esté reglamentada la ley, mediante un software que permitirá un control generalizado de todo el sistema desde el momento de la producción hasta el momento del expendio.
Ese software permitirá hacer un seguimiento de la trazabilidad  de las plantas y saber cuánto se produce. Calzada insistió en que el gobierno no está liberalizando el mercado sino que está regulando un mercado que ya existe, estableciendo cuales son las reglas de juego.
Una vez que el presidente Mujica promulgue la ley con su firma, habrá un plazo de 120 días para la reglamentación.
La ley, previo a su reglamentación, tendrá algunos efectos directos que van a depender de la aplicación de la Justicia. “Quien tenga plantas para consumo personal a partir de hoy no va a ser penalizado en la medida que no tenga más de seis plantas, que no tenga más de 480 gramos en su domicilio y en la medida que estos 480 gramos no sean prensados ni estén preparados para ser comercializados” dijo.

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