El impuesto mínimo global y su golpe

Lo acordaron los ministros de Finanzas del G7 y cuenta con el impulso del presidente de EE.UU., Joe Biden. El abogado argentino Martín Litwak, especialista en planificación patrimonial internacional y autor de libros sobre el tema se opone y explica los motivos por los cuales será negativo para los consumidores y para los países pobres.

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Los ministros de Finanzas del G7, que agrupa a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, llegaron a un acuerdo para establecer un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones. El paso fue calificado como “histórico” durante las sesiones del G7 que se realizaron el primer fin de semana de junio en Londres, donde consideraron que se estaban fijando las bases de una “nueva fiscalidad internacional”.
 


La iniciativa persigue que las empresas paguen en los países en los que venden sus productos y servicios y no en donde declaren sus beneficios. Así, buscan disuadir a las multinacionales de trasladar sus ganancias a países de baja tributación, independientemente del lugar donde se realicen sus ventas.

Del lado de las empresas, se espera que los más afectados sean gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Facebook, que hasta el momento tienen la posibilidad de tributar en un país con condiciones fiscales ventajosas el negocio que, sin embargo, generan en otros países. Apple, por ejemplo, vende sus productos por toda la Unión Europea, pero tributa gran parte de su facturación en Irlanda. El tipo nominal del Impuesto de Sociedades en este país se sitúa en el 12,5%.
 


Irlanda no es, sin embargo, el único país del mundo con tasas menores al 15% propuesto. Hungría, por ejemplo, tiene actualmente una tasa del 9% y Bulgaria del 10%.  Si, además, prosperara la idea inicial de Joe Biden de que se utilizara el 21% como referencia, otros países europeos como Holanda, Lituania y Letonia, todos ellos hoy en día con tasas del 15%, pasarían a estar entre los perjudicados.

Según Litwak, quienes van a pagar este impuesto no van a ser las empresas sino los consumidores, ya que las compañías van a terminar trasladando ese mayor costo a sus precios. “Los Estados pueden determinar quién debe ingresar el impuesto a sus agencias recaudadoras, pero no quien termina pagándolos”, reflexiona. 
 

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