Según Carlos Sarli, propietario del bar Inmigrantes y uno de los voceros del Colectivo Gastronómico del Uruguay (CGU), desde hace más de un año, más precisamente desde hace 14 meses, el sector gastronómico viene trabajando con el 50% del aforo, pero paga sus impuestos y servicios en un 100%, transformando en inviable el negocio, ya que se está abriendo solo para poder cumplir con las cuentas o, dicho de otro modo, para no tener que bajar cortina y asumir el endeudamiento en el que la mayoría está por seguir adelante con sus emprendimientos.
“Desde que se creó el colectivo en julio de 2020 -dijo Sarli a InfoNegocios-, luego de varios cafés que compartimos un grupo de colegas después de aquel 13 de marzo, venimos construyendo datos que no teníamos y que hoy nos muestran una realidad muy preocupante, porque alrededor de las 280 empresas que integran la asociación, actualmente hay unos 5.000 puestos de trabajo directos y unos 24.000 indirectos, y la realidad es que estamos frente a una situación muy crítica”.
Según el vocero de CGU, para ilustrar la situación en la que está el sector, acaban de lanzar una campaña en redes que, en términos más cercanos a la opinión pública, muestra que el aporte mensual al BPS les cuesta 1.760 empanadas, o bien que la habilitación para espectáculos públicos les sale 70 porciones de fritas, así como la carga impositiva cuesta 857 cafés.
“La idea es que se entienda que todo eso que no vendemos -dijo Sarli-, como por ejemplo casi 2.000 empanadas, lo pagamos igual en la renovación de la tasa bromatológica, o en la habilitación de bomberos que nos sale 138 pintas de cerveza, o el alquiler del entarimado que nos cuesta 300 pizzas”.
El fenómeno que se está dando, dijo el vocero de CGU, es que la gastronomía es tan variable que no es lo mismo lo que sucede en barrios como Ciudad Vieja o Centro a lo que pasa en Cordón, Parque Rodó o Pocitos, generando que muchos emprendedores decidan moverse de un lado a otro.
“El tema es que hoy, quizá, es más viable mudarse de zona que cerrar definitivamente, porque eso implica asumir responsabilidades económicas mucho más gruesas. El punto es que no deja de ser un manotón de ahogado y tampoco es tan sencillo ni económico si hoy, realmente, no hay decisiones políticas de peso para revertir esto”, sostuvo Sarli.
“Recientemente participamos de un nuevo encuentro de diálogo y trabajo del sector gastronómico con la Intendencia de Montevideo, que muestra buena voluntad y armó una propuesta de alivio financiero para el rubro, pero las mismas son insuficientes”, remarcó el vocero de CGU, agregando que diferir algunos pagos -que es lo que propuso la comuna capitalina- “no genera un beneficio real, porque no hay certezas de cuándo acabará la pandemia, por lo tanto, no sabemos cuándo volveremos a funcionar con normalidad ni cuánto tiempo nos puede llevar recuperarnos”.
Dicho en términos más concretos, Sarli remarcó que en un promedio general de lo que representa el colectivo, alcanzar el punto de equilibrio está en el entorno de los $ 700.000. “Facturar mensualmente esa cantidad -sostuvo el propietario de Inmigrantes- te permite no cerrar, tener el boliche abierto, pagar salarios, materia prima, servicios e impuestos. A partir de esos $ 700.000 podés pensar en tener utilidades. Pero eso no pasa”.
“La realidad -remarcó el representante del colectivo- es que todos estamos en números rojos desde hace más de un año. En mi caso, por ejemplo, el mes pasado perdí más de $ 200.000. Es insostenible si no se toman medidas concretas”.
Entre las distintas definiciones que CGU reclama mientras dure la emergencia sanitaria y las restricciones de aforo están, “la prórroga de la vigencia de habilitaciones Sime, la exoneración del 100% de entarimado, la exoneración del 100% de las tasas habilitantes y la exoneración del 100% de la tasa bromatológica”.
“Somos trabajadores que venimos forjando desde abajo y con mucho esfuerzo nuestros emprendimientos -dijo Sarli-, necesitamos seguir abiertos y tratar de no perder miles de puestos de trabajo”.
Tu opinión enriquece este artículo: