Movistar y Ancel como perro y gato... mientras, Claro silba bajito

La compañía de origen español, que utiliza en Uruguay la marca Movistar para comercializar servicios de telefonía móvil, denunció a la estatal Ancel ante Defensa del Consumidor y por añadidura ante la Ursec, porque según entiende utiliza publicidad engañosa y ofrece una cosa que no existe. El lío empezó cuando el mismo día del lanzamiento de la tecnología 3G, Movistar salió ofreciendo tecnología “3,5G” y Ancel “3,7G”. La compañía española alega que lo de “3,7” es un invento y no es otra cosa que “3,5 G” disfrazada ya que la velocidad de subida que utiliza -hasta el momento de la denuncia- era de 384 Kb por segundo, la misma que corresponde al estándar tecnológico “3,5 G” que es reconocido por la comunidad científica. Además, le molestó que a través de la web se pudiera "reservar" el iPhone que todavía no se sabe si podrá vender. Es notorio que la feroz competencia los hace hilar muy fino. Mientras, el líder regional Claro, silbando bajito sigue creciendo en el mercado.

Uruguay empieza a discutir las reglas para una movilidad autónoma (¿Quién paga si el auto sin conductor choca?)

(Por Antonella Echenique) Con vehículos que ya incorporan sistemas de conducción autónoma y la llegada de nuevas tecnologías al mercado uruguayo, el país comienza a discutir un vacío que hasta ahora parecía lejano: quién es responsable cuando detrás del volante ya no hay una persona. Un proyecto de ley presentado por el diputado Mauricio Viera busca crear el marco jurídico para estos vehículos, mientras que desde el BSE advierten que el mercado de seguros también deberá adaptarse.

Déficit subirá al 3,9% para ordenar las cuentas públicas y saldar deudas atrasadas del Estado con proveedores

El ministro de Economía, Óscar Lovera, sostuvo que el plan para disminuir la deuda del Estado con los proveedores contempla la ampliación del déficit fiscal al 3,9%, solicitud que se incluirá este año en la presentación del Presupuesto General de la Nación 2027. Para 2028, el Gobierno pretende volver a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y, aparentemente, la medida no genera grandes cuestionamientos ni entre los analistas ni en el empresariado.