Según el matutino, el Estado vendería marihuana en locales habilitados, en los que se llevará un registro de consumidores para impedir conductas adictivas. La venta no será libre y será prohibida a menores de 18 años. La calidad de la droga será certificada y se establecerá un máximo de cigarrillos por consumidor; aquellos que se excedan deberán someterse a tratamientos de rehabilitación. Esta medida integraría la batería de 16 puntos en los que el gobierno pondrá foco en forma integral para combatir la inseguridad, basada en parte por el consumo de drogas. Si el Estado decide producirla no sería la primera vez que se mete en un negocio vinculado a consumo problemático. Recordemos que el Estado tuvo históricamente una planta de fabricación de bebidas alcohólicas (la droga “legal” más consumida en el país) en la órbita de Ancap hoy transformada en Caba. Si tomamos en cuenta que hay unos 90 mil consumidores frecuentes, de acuerdo al último estudio realizado por la Junta Nacional de Drogas, y suponiendo que cada uno fume 1 cigarrillo diariamente, estaríamos hablando de 32.85 millones de unidades que estarían ingresando en un mercado que, según estiman en el gobierno, tiene una rentabilidad del 35%.
La despenalización del “porro” transparentaría un mercado de 33 millones (de unidades) con una rentabilidad del 35%
Los cálculos más optimistas aseguran que habría mayoría parlamentaria para aprobar el proyecto de ley que despenaliza el consumo de marihuana. Pero en las últimas horas se agregó un condimento nuevo y es que el Estado podría llegar a participar de la “trazabilidad” de la droga, creando un registro de consumidores y hasta proveerla. La información fue publicada ayer por el diario El País y rápidamente recorrió el espinel informativo latinoamericano, dado que no hay antecedentes similares en el mundo. Ahora bien, si el Estado decide participar en la cadena de distribución debería o bien producirla o bien adquirirla. En la segunda hipótesis, como por ahora el cultivo no está permitido, debería recurrir a proveedores ilegales. El mercado de “fasos” rondaría las 33 millones de unidades anuales. Abrimos el debate…
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