La fábrica de UPM de Fray Bentos inició sus operaciones en el 2007 y llega a procesar 1.300.000 toneladas de celulosa por año. Implicó un desembolso de US$ 1.200 millones por parte de Botnia —luego en 2009 se vendieron las acciones a UPM —, lo que representó la inversión más grande del Uruguay en su momento.
Hoy, UPM vuelve a estar en boca de todos tras haber anunciado su intención de instalar una segunda planta en la zona de la cuenca del río Negro, la más grande de todas las que maneja la compañía en el mundo y que supondrá una inversión de US$ 5.000 millones — US$ 1.000 millones por parte del Estado uruguayo —. De acuerdo a datos proporcionados por el presidente Tabaré Vázquez, esta fábrica producirá el doble de lo que genera la primera, la cual llegó a impactar en el Producto Interno Bruto (PIB) en un 1%.
El economista de la consultora Oikos, Pablo Moya, no tiene dudas de que, de construirse la planta, será un elemento dinamizador muy importante para la economía del país, no por algo que se estime, sino porque ya están dadas las bases para fundamentar qué tan eficaces ha sido este tipo de emprendimiento. Sin embargo, todo el asunto le genera cierto escepticismo por todas las condicionantes que están poniendo los finlandeses. “Son condiciones lógicas, cuando se piensa en un proyecto así, se requiere una infraestructura mínima que no parte únicamente del inversor”, explicó.
Es que desde UPM dijeron que la segunda planta se instalará si se construyen y reparan ciertas rutas —unos 220 km en total, según lo indicado por el jefe de Estado —, se hacen obras ferroviarias y si se reacondiciona el puerto de Montevideo. “Hace poco, en una ida al interior, un cliente me decía que una parte de la producción de madera se estaba pudriendo, porque existe un decreto que dice que la caminería rural interna no puede ser utilizada hasta dos días después de lluvias, porque si no se destroza. En un país con inviernos lluviosos, la producción no se puede sacar”, explicó Moya.
Según el experto, si el gobierno piensa en implementar un shock en infraestructura, tiene que pensar en un plan de estímulo distinto al actual, ya que es evidente que no funcionó. “Si no es con obra por ppp y es directamente con recursos propios, tendrá que buscar una nueva forma de financiamiento que no es la de emisión de deuda que salió el otro día, porque no le da”, indicó. Es que por más que los inversores se hayan mostrado abiertos a tomar deuda uruguaya, las condiciones financieras del país no se mantendrán eternamente, por lo que en un futuro puede que no sea una alternativa seductora. “La alternativa creo que puede ser una ppp, pero con condiciones atractivas al inversor. Tendrá que haber menos exigencias con algunos detalles. Tiene que ser un negocio atractivo para el privado y que no le genere un aporte sustantivo al gobierno, porque no lo tiene”, señaló el economista.
Por otra parte está el asunto de las obras ferroviarias. UPM tiene la intención de sacar la madera de la planta al puerto vía tren. “El problema con eso no es solo de infraestructura, sino también a nivel sindical y organizacional que tienen todos los organismos que rodean el ámbito ferroviario”, comentó. Para Moya, es una situación compleja, pero quizás con la zanahoria de no dejar pasar la inversión más grande que haya recibido el país, podría haber un estímulo para llegar a acuerdos que ayuden a solucionar los inconvenientes.
Lo cierto es que Vázquez anunció el viernes pasado que la intención es que inversión estatal de US$ 1.000 millones salga de inversiones privadas nacionales e internacionales. Para ello, el gobierno se reunirá en el exterior, primero en España y luego en Alemania, para ir en busca de posibles interesados.