Nuevo impuesto mínimo: ¿qué cambia para empresas e inversores en Uruguay?

Multinacionales y empresas en Uruguay deberán ajustar su estrategia ante un nuevo impuesto que busca alinearse con estándares globales pero que también puede encarecer la operación local.

El proyecto de ley de presupuesto introduce cambios tributarios significativos que podrían modificar la manera en que las multinacionales y las empresas locales operan en Uruguay. Entre las medidas más destacadas se encuentran el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico y la ampliación del IRPF sobre rentas del exterior.

Para comprender el alcance de estas modificaciones, InfoNegocios consultó al Cr. Aldo Zignago, socio del Departamento de Asesoramiento Tributario de KPMG Uruguay, quien explicó cómo estas medidas impactarán en la práctica.

Por un lado, se crea un impuesto que asegura una tributación mínima efectiva del 15% para grupos multinacionales con ingresos consolidados de al menos 750 millones de euros en al menos dos de los cuatro ejercicios fiscales previos. La norma incluye a las entidades en zonas francas, de modo que si la carga tributaria local es menor, se grava la diferencia.

En ese sentido, Zignago explicó que: “El impuesto busca alinearse con la iniciativa global OCDE–G20 sobre tributación mínima. Pero si la matriz de la multinacional aplica gravámenes menores al 15%, el efecto es un costo adicional para operar en Uruguay”.

El especialista señaló que este cambio puede tener impacto real sobre la competitividad del país como hub regional de inversiones. “Uno de los atractivos de Uruguay es su seguridad jurídica y los beneficios fiscales para atraer inversiones. Si ahora se suma un gravamen adicional, los inversores podrían considerar otras jurisdicciones menos costosas”, agregó.

El proyecto también amplía el alcance del IRPF para residentes uruguayos con activos en el exterior. Actualmente solo se gravan intereses y rendimientos de capital mobiliario en depósitos, préstamos y colocaciones. Con la nueva normativa, quedan alcanzadas además: Arrendamientos de inmuebles en el extranjero; ganancias por venta de acciones, participaciones, títulos de deuda o propiedades fuera del país; y rentas canalizadas por sociedades en el exterior, asignadas al beneficiario final uruguayo desde que la primera sociedad percibió la ganancia. “Hoy, si un uruguayo tiene un apartamento alquilado en Miami o acciones en una empresa argentina, no siempre tributa en Uruguay por esas operaciones. Con la ampliación del IRPF, estos ingresos estarán gravados, cambiando la situación tributaria de los inversores”, detalló Zignago.

Para mitigar la doble imposición, la normativa habilita la posibilidad de descontar tributos pagados en el exterior contra la obligación en Uruguay. Sin embargo, Zignago advirtió que aún queda pendiente la reglamentación que defina la documentación necesaria para acreditar estos pagos. “El desafío práctico será coordinar a los intermediarios, como bancos y corredores de bolsa, para que retengan correctamente el impuesto y permita a los inversores descontar los tributos pagados en el exterior”, explicó.

El nuevo impuesto mínimo y la ampliación del IRPF marcan un cambio importante en la política tributaria uruguaya. Si bien buscan alinearse con estándares globales y aumentar la recaudación, también generan incertidumbre sobre el impacto en la competitividad y en la estrategia de inversión de multinacionales y residentes uruguayos. “Estos cambios implican nuevos costos y podrían hacer que los inversores miren otras jurisdicciones antes que Uruguay, por más que el país siga ofreciendo garantías jurídicas y beneficios fiscales”, concluyó Zignago.

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