El informe más reciente de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), presentado en la COP30, es una llamada de atención para Sudamérica. La región, con un potencial renovable inigualable, avanza a paso lento. Mientras se estima que necesita alrededor de US$ 500 mil millones anuales hasta 2050 para cumplir sus compromisos climáticos, en 2024 apenas captó el 2,5% de la inversión global en transición, unos US$ 58 mil millones. La brecha no solo es inmensa, sino que representa una cuenta regresiva que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.
Aun así, existen focos de liderazgo y avances notables. Chile destaca por ser pionero en anunciar el retiro progresivo del carbón y en comprometerse con una matriz eléctrica 100% libre de emisiones para 2050. Su desafío crítico no está en la generación (posee recursos solares y eólicos de clase mundial), sino en la infraestructura: la producción de energía limpia no basta sin las redes y el almacenamiento necesarios para distribuir esa energía de manera eficiente a hogares, industrias y mercados. La congestión de las líneas de transmisión amenaza con frenar el despliegue de nuevos proyectos.
Argentina también muestra un impulso relevante. Su programa RenovAr ha puesto en marcha 180 proyectos, logrando cubrir cerca del 16% de su demanda eléctrica con energías limpias en 2024. Este avance, en un contexto económico desafiante, demuestra que la transición es posible, incluso en tiempos turbulentos, si se mantienen reglas claras y se incentiva la creatividad financiera.
El caso de Uruguay es particularmente inspirador, con cerca del 90% de su matriz proveniente de fuentes limpias (eólica, solar, biomasa e hidroeléctrica). Su Fondo de Innovación para Energías Renovables, que combina capital privado y recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es un modelo de creatividad financiera y apoyo técnico para la validación de tecnologías.
Por otro lado, Paraguay, a pesar de tener una oferta bruta mayoritariamente renovable (hidroenergía y biomasa), debe diversificar su matriz, que es casi 100% hidroeléctrica, para incorporar recursos solares y eólicos y asegurar un consumo final más sostenible, reduciendo la dependencia de derivados del petróleo.
IRENA es clara: acelerar la transición podría incrementar el PIB anual de Sudamérica en un 1,1% y generar más de 12 millones de empleos en el sector energético. Para lograrlo, la región debe duplicar su ritmo de instalación, ampliar redes, asegurar almacenamiento y, crucialmente, adoptar una planificación coordinada entre países que aproveche las complementariedades geográficas y climáticas. La transición no puede ser un esfuerzo aislado.
Es en este contexto es que la cumbre RE+ Cono Sur, que se celebrará en Chile en marzo de 2026, adquiere un rol estratégico. Más de 60 empresas y líderes globales asistirán no solo para exhibir tecnologías, sino para construir alianzas, destrabar procesos regulatorios y, fundamentalmente, movilizar la inversión necesaria. Este evento será una vitrina global y una instancia concreta para articular a gobiernos, empresas y financistas.
Sudamérica tiene los recursos para ser una potencia renovable mundial. Lo que falta es decisión política, coordinación regional y la convicción de que el futuro energético se construirá con visión y acción colectiva. Si la región actúa ahora, puede pasar de ser una promesa a ser un protagonista global.
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