Esta iniciativa forma parte del proyecto Uruguay Más Simple, impulsado por CERES para que los ciudadanos plantearan sus inquietudes sobre este tema, completando un formulario donde describieron los problemas identificados. El objetivo es poder detectar leyes, decretos y reglamentos que representan barreras innecesarias para un Estado al servicio de las personas, facilitando así la vida cotidiana y la labor de organizaciones de la sociedad civil, empresas y sectores productivos.
En junio pasado, durante un desayuno organizado por CERES para sus socios, el director ejecutivo del centro de investigación, el economista Ignacio Munyo, advirtió que Uruguay sufre un exceso regulatorio que no solo demora trámites y encarece procesos, sino que también limita las oportunidades para empresas, trabajadores y ciudadanos.
“Simplificar las normativas permitiría un Estado más eficiente, con políticas públicas mejor ejecutadas e impulsaría el desarrollo del país”, señaló ante los invitados.
Justamente, Uruguay Más Simple nació con el objetivo de contribuir a la solución de este problema, a través de una plataforma web que permitió a los ciudadanos identificar regulaciones que entorpecen la actividad económica y dificultan el acceso a políticas públicas. Esta herramienta estuvo habilitada entre el 1º de abril y el 30 de junio pasados, período durante el cual se recibieron más de 300 respuestas con distintos tipos de planteos.
La información presentada al MEF se entregó de forma anónima para proteger la confidencialidad de quienes realizaron los aportes. Cada planteo detalla el área afectada por la regulación, incluye una breve descripción de la normativa en cuestión, los organismos del Estado involucrados y el impacto negativo identificado.
En ese sentido, los principales sectores desde los cuales surgieron las respuestas fueron: comercio mayorista o minorista (17% del total), ganadería y agricultura (11%), servicios financieros y seguros (10%), salud y servicios médicos (10%) y administración pública (8%).
Por otra parte, del análisis de los datos se desprende que los organismos más mencionados fueron: el Ministerio de Economía y Finanzas (21% de los casos), las intendencias (16%), el Ministerio de Salud Pública (16%), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (14%), el Ministerio del Interior (10%), el Ministerio de Ambiente (7%) y el Banco Central del Uruguay (6%).
La documentación enviada al MEF puede servir como insumo para el proceso de elaboración del próximo Presupuesto Nacional, que el Poder Ejecutivo deberá presentar al Parlamento antes del 31 de agosto.
Munyo, en la carta enviada al MEF, subrayó el convencimiento de CERES sobre la importancia de la readecuación regulatoria para el desarrollo del país, y sostuvo que “escuchar a quienes enfrentan trabas inadecuadas es fundamental para diseñar soluciones eficaces, ancladas en la realidad”.
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