Los resultados son contundentes: en caso de alcanzar las 300.000 hectáreas bajo riego de maíz y soja en 2030 (hoy casi 40.000) y se introduzca en ganadería 250 módulos de riego cada año por ocho años, el impacto total en el año que se alcance el objetivo -justificado por el aumento de la producción adicional y la inversión- alcanzaría el 4,8% del PBI.
Luego de este año, apoyado únicamente por el aumento en la productividad en ambas prácticas, la actividad económica del país sería 3,1% mayor, cada año, en comparación a si se tuvieran las mismas hectáreas regadas que en la actualidad. Además, la expansión del riego en la lechería, por ejemplo, genera también un incremento en la productividad que sería pertinente ahondar con mayor profundidad una vez se cuente con investigaciones más actuales que permitan analizar su impacto a nivel extendido.
Esto repercute de un modo favorable en el empleo y en los ingresos del Estado por pagos de tributos. Cada año, este aumento en las hectáreas regadas generaría poco menos de US$ 80 millones por concepto de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y de US$ 70 millones por un aumento del consumo de energía eléctrica.
La introducción del riego ha permitido un aumento en el rendimiento de más del 80% en maíz y del 40% en soja, respectivamente, en promedio en los últimos seis años. En temporadas con escasas precipitaciones, el riego logró que los rendimientos más que se dupliquen en ambos cultivos.
Por otra parte, la implementación del riego en la ganadería muestra un aumento significativo en la tasa de procreo y en los kilogramos obtenidos.
Con vista en estos resultados, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social propone un conjunto de políticas públicas y medidas concretas. Entre ellas, el lanzamiento de un Plan de Energía para lograr extender las líneas energéticas; conservar el régimen de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones e impulsar la extensión a empresas agropecuarias que ya contribuyen a la expansión del riego y hay espacio para crecer; más alternativas de financiamiento y actividades de difusión en torno a la implementación del riego entre los productores. La instalación de sistemas de riego significa inversiones de largo plazo que solo es posible proyectar con rigor si permanecen y refuerzan las actuales políticas públicas que han contribuido al mejor desempeño del sector agropecuario.
Por esto, vale la pena remover las trabas actuales y apretar el acelerador para impulsar una política de Estado de expansión del riego que ha trascendido gobiernos en Uruguay.
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