Durante el panel sobre justicia digital y gobernanza, representantes de distintos países analizaron cómo los Estados deben fortalecer su infraestructura digital para que no solo permita autenticaciones y firmas electrónicas, sino también nuevas formas de gestionar y validar identidades de manera más simple, segura y eficiente.
Un nuevo capítulo para la identidad digital
Las wallets digitales impulsadas bajo el marco eIDAS 2.0 permiten que los ciudadanos gestionen sus credenciales de identidad de forma digital, segura y estandarizada.
En términos prácticos, esto significa que una persona podría almacenar en una aplicación sus documentos de identidad —como la cédula o el pasaporte— junto con otros atributos oficiales verificables, por ejemplo la libreta de conducir o títulos académicos.
El concepto central es que el usuario tenga el control sobre su información y pueda compartir únicamente lo necesario en cada situación. Si solo se requiere acreditar mayoría de edad, bastará con validar ese atributo específico, sin exponer otros datos personales.
Este enfoque simplifica trámites, reduce fricciones y fortalece la protección de datos personales.
Qué implica este modelo para un país
Para que una billetera digital funcione a nivel nacional, es necesario que los documentos digitales tengan respaldo legal y el mismo reconocimiento que sus equivalentes físicos.
El modelo prevé que las credenciales digitales sean emitidas por organismos habilitados, como ocurre hoy con los documentos tradicionales, y que existan prestadores de servicios de confianza regulados y auditados que garanticen la correcta validación de la identidad.
Más que crear un sistema nuevo desde cero, se trata de evolucionar el modelo actual, ampliando sus capacidades y adaptándolo a estándares internacionales.
Evolución del modelo uruguayo
Uruguay ya cuenta con una base normativa sólida en materia de identidad digital y servicios de confianza, sustentada en el Decreto N° 70/018 y en el marco legal vinculado a la firma electrónica avanzada.
El ecosistema actual, que reúne a cerca de un millón y medio de usuarios y utiliza mecanismos como la firma electrónica y el sellado de tiempo, constituye una plataforma sobre la cual puede construirse esta nueva etapa.
En este sentido, la billetera digital puede entenderse como una evolución del modelo vigente desde 2018, ampliando sus casos de uso y su alcance.
Un modelo sostenible y accesible
Un punto clave para lograr adopción masiva es que la utilización de identidades verificables no implique costos para el ciudadano en su uso cotidiano ni en procesos presenciales.
En este esquema, el Estado mantiene su rol como regulador y emisor de credenciales, mientras que los prestadores de servicios de confianza gestionan y operan la infraestructura tecnológica.
La tecnología necesaria para este salto no parte de cero. Abitab ya opera dentro de un modelo público-privado consolidado en identidad digital, lo que permitiría evolucionar hacia un esquema de billetera digital aprovechando la infraestructura existente y sin trasladar costos al usuario final.
Además, esta evolución permitiría integrar de manera natural la identidad digital con otros servicios digitales, como autenticación frente a portales públicos y privados, firma electrónica y servicios financieros, ampliando el ecosistema sin modificar la lógica de acceso ciudadano.
Un salto estratégico para Uruguay
La adopción de un modelo de billetera digital alineado con estándares internacionales representa una oportunidad estratégica para Uruguay.
Este paso fortalecería la confianza digital, modernizaría los servicios públicos y consolidaría la integración entre el sector público y privado, manteniendo al país en una posición de referencia regional en identidad digital y gobierno electrónico.
La discusión en Madrid confirmó que la próxima etapa ya está en marcha. El desafío ahora es cómo dar ese paso de forma coordinada, sostenible y centrada en el ciudadano.
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