Entrar al mundo de las compras públicas suele ser un desafío para las pequeñas y medianas empresas. Entre pliegos extensos, requisitos administrativos, trámites y plataformas poco amigables, muchas oportunidades terminan quedando en el camino. Con la intención de reducir esa barrera nació Proveedor UY, una nueva plataforma uruguaya desarrollada por Santiago Pizard y Juan Pablo Deana que busca facilitar el acceso de las pymes a las licitaciones del Estado mediante inteligencia artificial, automatización y acompañamiento jurídico.
Aunque el lanzamiento comercial recién comienza, la herramienta ya está siendo probada por un grupo reducido de empresas. “Abrimos el registro público ahora para ir mapeando cómo se van comportando los servidores y validar que la plataforma escale correctamente”, explicó Pizard, cofundador de Proveedor UY.
La startup lleva apenas una semana y media de uso real, pero ya acumula algunos indicadores que entusiasman a sus creadores. “Ya tenemos más de 80 pliegos analizados y más de 600 consultas realizadas al asistente. Para nosotros eso significa que las empresas realmente están utilizando las funcionalidades y les encuentran valor”, afirmó.
La idea surgió a partir de una necesidad detectada entre pequeños empresarios que querían comenzar a venderle al Estado, pero encontraban demasiadas dificultades para ingresar al sistema. “Las grandes empresas ya tienen equipos jurídicos especializados en licitaciones, pero las pymes muchas veces no cuentan con esos recursos. Ahí vimos una oportunidad para ayudarlas”, señaló Pizard.
Según explicó, el objetivo fue tomar un proceso complejo y volverlo accesible. La plataforma centraliza los llamados públicos, permite filtrarlos por organismos, rubros o tipos de procedimientos y, además, analiza automáticamente los pliegos mediante inteligencia artificial.
“Hay licitaciones donde descargás un archivo ZIP y adentro tenés siete u ocho documentos. Algunos superan las 100 páginas. Nosotros analizamos todo y te devolvemos la información resumida para que en 30 segundos puedas entender si esa oportunidad es para vos o no”, explicó.
El sistema identifica documentos obligatorios, requisitos de participación, criterios de evaluación, condiciones de pago y garantías exigidas, entre otros aspectos clave. También incorpora alertas automáticas para avisar cambios en llamados específicos, como modificaciones de fechas o incorporación de nueva documentación.
Otra de las funcionalidades destacadas es el acceso a históricos de adjudicaciones y precios públicos. A partir de datos abiertos del Estado, las empresas pueden comparar sus cotizaciones con valores adjudicados anteriormente.
“Si alguien está armando una oferta para vender sillas de escritorio, por ejemplo, puede consultar cuánto se adjudicó históricamente ese producto y saber si está presentando un precio competitivo”, indicó el emprendedor.
Proveedor UY combina además tecnología con asistencia humana. Detrás de la plataforma participa el estudio jurídico Grupo Deana, especializado en trámites vinculados a contrataciones públicas.
“No queríamos hacer solamente un software. Queríamos una solución integral. Si una empresa tiene una duda o necesita ayuda para inscribirse en RUPE o preparar una oferta, puede solicitar asesoría y hay una persona detrás que la acompaña”, sostuvo Pizard.
El desarrollo de Proveedor UY fue financiado íntegramente con capital propio de los socios. Aunque prefirió no revelar el monto efectivamente invertido, Pizard aseguró que el valor de mercado de una solución de estas características se ubicaría entre US$ 140.000 y US$ 160.000. “Hicimos un análisis de cuánto costaría encargar este sistema a una empresa especializada y estamos hablando de un proyecto de entre US$ 140.000 y US$ 160.000. Se necesitan desarrolladores full stack trabajando entre siete y nueve meses, especialistas en seguridad, testers y arquitectos de software”, explicó.
“Venimos trabajando hace unos seis o siete meses. Muchas veces arrancábamos después de cenar y seguíamos hasta las dos o tres de la mañana. También aprovechábamos fines de semana y días de licencia. Es la vida del emprendedor”, relató.
El mercado al que apuntan tampoco es menor. Según las estimaciones manejadas por los fundadores, existe un universo potencial de entre 100.000 y 120.000 empresas vinculadas o interesadas en venderle al Estado.
En una primera etapa, la meta es captar entre 2.500 y 5.000 usuarios activos. “Para nosotros sería un muy buen número. Además, nos permitiría impulsar mejoras en la integración con los sistemas públicos y seguir simplificando procesos”, comentó.
Mientras comienzan a acelerar su estrategia de difusión, el foco inmediato está puesto en validar el impacto de la herramienta entre los usuarios.
“Dentro de seis meses nos gustaría estar leyendo testimonios de empresas que nos digan que gracias a la plataforma ganaron licitaciones o se animaron a participar por primera vez. Queremos ayudar a que más pymes pierdan el miedo a venderle al Estado”, concluyó Pizard.
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