El esquema de financiamiento fue mixto, con el equipamiento y la obra civil cubiertos por privados a través de La Alianza Uruguaya por el Agua (AUA) y la operativa a cargo de las intendencias. Montevideo realiza la limpieza periódica y Canelones se encarga de la vigilancia en la zona.
A diferencia de las biobardas artesanales, generalmente construidas con botellas recicladas, esta estructura está diseñada para soportar grandes volúmenes sin ceder. “La problemática en el arroyo Carrasco no es menor. Estamos hablando de heladeras, microondas, calefones. Cuando sube el nivel del agua, todo eso termina aguas abajo”, explicó Mauro De la Vega, director ejecutivo de AUA, en diálogo con InfoNegocios.
La red fue colocada en forma diagonal al curso del agua para que la corriente arrastre los residuos hacia un punto específico. Allí pueden ser retirados con camión y grúa. La capacidad máxima es de 4,5 toneladas, aunque, según De la Vega, el mantenimiento es determinante. “La limpieza se realiza cada 20 días a través de la intendencia. Si vemos que no alcanza, evaluaremos reforzar el servicio con apoyo privado. Lo importante es no llegar al tope, porque si se desborda, pierde efectividad”, señaló.
La iniciativa surge de un acuerdo firmado hace más de un año entre las intendencias y AUA. Detrás hubo estudios de corriente, diseño técnico, obra civil y coordinación institucional. “Esto no es solo traer una red y tirarla al agua. Requirió mediciones, accesos, obra de hormigón y definir cómo se iba a retirar el material acumulado”, agregó.
La entidad actuó como nexo entre el sector público y el privado. La organización nació en 2023, en pleno debate por la crisis hídrica, con la intención de impulsar soluciones concretas vinculadas al agua. “Surgimos cuando el país discutía Casupá o Neptuno. Más allá de las diferencias, hay experiencias en la región que funcionan y se pueden adaptar a Uruguay. La sostenibilidad también es ejecución”, afirmó.
La alianza integra empresas privadas y forma parte de una red latinoamericana impulsada por el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, lo que le permite tomar referencias de modelos implementados en otros países.
Más allá del impacto ambiental inmediato, el proyecto también deja planteada una línea de trabajo en infraestructura ambiental y gestión de residuos. Según De la Vega, el objetivo es demostrar que pueden desarrollarse proyectos de escala intermedia con impacto directo en territorio, financiamiento privado y ejecución pública. “No vamos a cambiar el sistema de saneamiento de Montevideo con una biobarda, pero sí podemos mejorar un tramo del curso de agua y generar un efecto tangible. Es otra forma de pensar la sostenibilidad”, sostuvo.
Además de esta intervención, la organización trabaja en restauración de nacientes del río Santa Lucía, instalación de unidades potabilizadoras en escuelas rurales y soluciones urbanas de drenaje sostenible, como jardines de lluvia para mitigar inundaciones.
El trabajo, explicó, busca actuar en varias dimensiones al mismo tiempo: retención de residuos, clasificación, recuperación de ecosistemas y educación ambiental. “Hoy iniciamos un proceso que exige compromiso sostenido entre alcaldías, intendencias y vecinos. Es el primer paso para mejorar de forma concreta la calidad del curso de agua y fortalecer la seguridad hídrica”, dijo durante la inauguración, en la que participaron intendentes, autoridades departamentales y vecinos de la zona.
El desafío ahora, reconocen desde la institución, es sostener el modelo en el tiempo y analizar su posible réplica en otros puntos. “Cuando empresas, gobiernos y comunidades trabajan juntos, los proyectos avanzan”, concluyó De la Vega.
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