Comercio, consumo y logística (los sectores que más pueden ganar con la futura ley de competitividad e innovación)

El anuncio del Poder Ejecutivo de avanzar en un proyecto de ley para la mejora de la competitividad e innovación —previsto para el 31 de mayo— fue recibido en la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay como la continuidad de un proceso más que como un punto de partida. En esa lectura, la iniciativa no inaugura una agenda, pero sí la ordena, la jerarquiza y, sobre todo, le da un marco institucional capaz de sostenerla en el tiempo.

“Esto no es algo nuevo, sino es algo que ya lo venimos recorriendo y sobre lo cual venimos trabajando. Esto es un hito más en ese proceso”, afirmó Ana Laura Fernández, responsable del Departamento de Estudios Económicos de la gremial, en diálogo con InfoNegocios. La expectativa, en ese sentido, se apoya en la oportunidad de consolidar, bajo forma de ley, una serie de transformaciones que el sector privado reclama desde hace años.

El eje, según Fernández, tiene que ver con “trabajar en pos de un entorno de negocios más eficiente”. “El objetivo es mejorar ese entorno y que eso facilite más y mejores empresas, más y mejores fuentes de trabajo en Uruguay”, agregó.

Bajo esa premisa, el proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas —que plantea agilizar trámites, actualizar el Código Aduanero y revisar normas de comercio exterior— se inscribe en una estrategia más amplia de facilitación del comercio, reducción de costos burocráticos y fortalecimiento de la competencia.

En ese mapa, hay sectores que aparecen con mayor nitidez entre los potenciales beneficiarios. No por su tamaño únicamente, sino por el peso que hoy tienen las regulaciones, los costos y las fricciones operativas en su desempeño cotidiano.

Uno de ellos es el de alimentos, donde convergen múltiples instancias de control —desde intendencias hasta el Ministerio de Salud Pública— y donde la superposición de requisitos incide tanto en los tiempos como en los costos. “Es un sector altamente regulado, donde hay mucho para trabajar”, señaló Fernández. La misma lógica alcanza a cosméticos y medicamentos, industrias donde la homologación y certificación de productos puede duplicarse incluso cuando existen avales internacionales.

A esa lista se suman rubros clásicos del comercio de bienes de consumo, como vestimenta y calzado. Allí, la discusión incorpora además el componente arancelario. “Tenemos una estructura arancelaria gravosa para bienes de consumo de uso diario, donde no existe una producción nacional relevante”, advirtió. En estos sectores, la combinación de tributos, costos logísticos, adelantos impositivos y exigencias regulatorias termina por impactar de forma directa en el precio final.

Los datos respaldan la relevancia de estos rubros. Según estimaciones de Uruguay XXI, el comercio —que incluye la venta mayorista y minorista, así como la reparación de vehículos— representa en torno al 12% del Producto Interno Bruto, lo que lo ubica como uno de los principales motores de la economía. Si se amplía la mirada al conjunto de servicios —donde también se inscriben actividades vinculadas con la distribución—, la participación supera el 60% del PIB, lo que da cuenta del peso estructural de los sectores más expuestos a los costos de transacción y a la eficiencia regulatoria.

En paralelo, actividades como la logística, el transporte y el almacenamiento —claves para el comercio exterior— concentran cerca de un 6% del producto, de acuerdo con datos oficiales. En ese frente, la Cámara identifica un margen significativo de mejora asociado a tasas, sobrecostos y niveles de competencia en servicios que inciden tanto en exportadores como en importadores.

También aparecen sectores específicos donde las exigencias técnicas y regulatorias se vuelven determinantes. Es el caso de productos electrónicos, donde intervienen regulaciones vinculadas a la eficiencia energética; juguetes y artículos infantiles, sujetos a controles de seguridad; o incluso la óptica, donde las certificaciones forman parte del núcleo del negocio. A esto se suma el creciente peso de las normativas ambientales, tanto en envases como en residuos electrónicos, bajo la órbita del Ministerio de Ambiente.

Más allá de las particularidades sectoriales, el denominador común se repite: procesos que se duplican, organismos que no dialogan entre sí y costos que se acumulan. “Lo que nos importa es la interoperabilidad entre los diferentes organismos para evitar duplicaciones que generan costos en materia de tiempos destinados a presentar la misma información en más de un organismo”, explicó Fernández. La solución, en esa línea, no pasa solo por digitalizar, sino por coordinar.

La discusión incorpora además un cambio de enfoque en los controles. La Cámara promueve un esquema donde prime la confianza inicial y se refuercen las instancias posteriores. “Que prime la confianza hacia el empresario y no esto de trabar desde el momento cero, sino un correcto control ex post del cumplimiento en pago de tributos”, sostuvo. En ese punto, la tecnología —incluida la inteligencia artificial— aparece como una herramienta para mejorar la eficacia sin aumentar la carga administrativa.

El impacto de estas transformaciones no se agota en las empresas. Según la Cámara, también alcanza al consumidor. “Cuando uno empieza a ver cómo se construyen los precios en nuestro país y todos los ítems que hay que considerar, aparecen todos estos aspectos: aranceles, tasa consular, sobrecostos logísticos, carga impositiva, tarifas públicas, costos de certificaciones”, detalló Fernández. El resultado es conocido: “llegamos a niveles de precios que nos hacen un país caro y poco competitivo”.

En ese contexto, la mejora de la competitividad no se traduce únicamente en menores precios, sino también en mayor oferta y competencia. “No solamente se trata de reducir costos, sino también de ampliar la oferta de productos y de actores en el mercado”, afirmó.

La decisión de canalizar estos cambios a través de una ley introduce un elemento adicional: previsibilidad. Para la Cámara, el hecho de que sea una ley “le da la relevancia al tema y también certeza hacia adelante para el entorno de negocios y para las inversiones”. La discusión parlamentaria, además, obliga a un consenso más amplio dentro del sistema político, lo que reduce la volatilidad de las reglas.

El proyecto se inscribe, además, en un contexto internacional que eleva la exigencia. Costos energéticos en alza, tensiones geopolíticas y mercados más competitivos configuran un escenario donde los márgenes se estrechan. “Lo que pasa en el Medio Oriente no lo podemos controlar, lo que pasa con el valor del dólar no lo podemos controlar, pero lo que hacemos a nivel interno sí lo podemos controlar”, enfatizó.

“Hay cosas a nivel interno que debemos mejorar y que dependen solamente de nosotros”, completó Fernández.