La última Encuesta de Expectativas Empresariales elaborada por Exante, cuyo trabajo de campo se desarrolló entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2025 con respuestas de 328 ejecutivos de grandes y medianas compañías que operan en Uruguay, confirma un escenario mixto para la actividad privada: un entorno de negocios que se percibe más desafiante, una economía con bajo dinamismo esperado y, al mismo tiempo, una mirada algo más favorable sobre la marcha de sus propias empresas de cara al próximo año.
En términos generales, la consultora registra un moderado deterioro en la percepción del clima de negocios. Si bien más de la mitad de los ejecutivos continúa calificando el entorno como “bueno”, creció con fuerza la proporción de quienes lo consideran “regular”, que ahora ronda el 40%.
Las evaluaciones negativas siguen siendo marginales, aunque la tendencia muestra un cambio respecto a relevamientos previos. Paralelamente, casi un cuarto de las empresas considera que la situación económica actual es peor que hace un año y sólo 11% espera una mejora en los próximos doce meses. Algo similar ocurre con el clima de inversiones: más de un tercio anticipa un deterioro en 2026, frente a un porcentaje muy reducido que proyecta un avance.
Las expectativas de crecimiento acompañan esa visión prudente. Los ejecutivos ahora prevén una expansión del PIB de 1,6% para 2026 y estiman una tendencia al crecimiento de 1,7% para un horizonte de tres a cuatro años. Esta última referencia continúa ajustándose a la baja respecto a los máximos de casi 3% registrados en 2021 y 2022. También las proyecciones cambiarias se corrigieron con fuerza: tras la caída reciente del dólar, el tipo de cambio esperado para dentro de un año se ubica en $41,5, frente a los $44,2 estimados en abril.
Uno de los puntos en los que se observa un giro relevante es la inflación esperada. Más del 90% de las respuestas ubica la inflación del próximo año por debajo de 6%, dentro del rango de tolerancia definido por el Banco Central, y el promedio cae por debajo de 5% tanto para 2025 como para 2026. Se trata de la primera edición en la que una proporción tan amplia de empresarios coincide en que la inflación se mantendrá en niveles inferiores al techo del rango oficial, lo que evidencia una mayor credibilidad en la política monetaria.
A pesar del deterioro en la percepción macroeconómica, las miradas hacia la propia empresa son sensiblemente mejores. Si bien predominan las evaluaciones neutras sobre la situación actual, 35% indica que está mejor que hace un año —el registro más bajo desde comienzos de 2021— y para el próximo año se observa un claro repunte en el optimismo relativo. El 37% espera que la situación general de su empresa mejore, una proporción que triplica a la registrada para la economía en su conjunto.
Las expectativas en materia de producción e inversión permanecen sólidamente en terreno positivo. Más del 40% de los ejecutivos prevé un aumento del nivel de actividad y una proporción similar espera incrementar la inversión en 2026. Las respuestas negativas son escasas, aunque también se mantiene elevada la franja que anticipa estabilidad, algo consistente con un escenario de bajo crecimiento agregado. La revisión de los anuncios del Gobierno sobre cambios en el régimen de promoción de inversiones no generó, por ahora, decisiones relevantes: cerca de la mitad de las empresas está a la espera de más información y un tercio afirma que los cambios no inciden en sus planes.
En materia de empleo, la estabilidad sigue siendo la regla. El 61% no prevé cambios en la dotación de personal para el próximo año y el saldo entre quienes esperan contratar más y quienes anticipan una reducción se mantiene apenas positivo, replicando las señales de las mediciones anteriores.
Entre las empresas que no proyectan aumentar su plantilla, el salario real elevado continúa siendo el principal condicionante, aunque crece la incidencia de la disponibilidad de tecnología y de la insuficiencia de productividad de la mano de obra. Precisamente, el nivel de incorporación tecnológica es otro indicador que recoge matices: si bien 50% afirma estar introduciendo o planificando introducir tecnologías de automatización y un 20% menciona la adopción de soluciones de inteligencia artificial, también sube a 19% la proporción de ejecutivos que dice que su empresa no está realizando cambios tecnológicos sustantivos.
Los desafíos más mencionados por las compañías se concentran en la presión de costos, la competencia creciente y la incorporación de tecnología. Otros aspectos como la conflictividad laboral o la gestión de recursos humanos pierden relevancia respecto al relevamiento de abril, en línea con un escenario de costos más estabilizados y menor tensión salarial.
La encuesta también indaga en la evaluación empresarial del Gobierno en su primer año de gestión. Aquí la visión predominante es neutra, pero con un 30% de desaprobación frente a menos de 15% de opiniones favorables. Se trata de una evaluación sensiblemente menos positiva que la recibida por la administración anterior en su primer año, aunque mejor que la registrada al inicio del segundo mandato de Tabaré Vázquez. El manejo de la inflación aparece como el área claramente mejor valorada, mientras que educación y seguridad pública concentran la mayor proporción de juicios negativos.
En cuanto a las prioridades que debería atender el Gobierno, la percepción es clara: seguridad pública y calidad educativa vuelven a ubicarse en el tope de la agenda, seguidas por la apertura de la economía, la mejora del resultado fiscal y la reforma del Estado, cada una mencionada por aproximadamente un tercio de los encuestados.
Entre quienes opinaron sobre la estrategia fiscal incluida en la Ley de Presupuesto, predominan las visiones desfavorables, centradas en la crítica de que el ajuste es insuficiente y no actúa sobre el gasto público; también aparecen menciones sobre el aumento impositivo y preocupaciones por cambios en las “reglas de juego”.
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