“En la actualidad, hay unas 4.000 empresas dentro del sistema, de las cuales unas 600 todavía están en fase de prueba, y el miércoles 1º de junio vencerá el plazo otorgado para otras 2.000. Es importante tener en cuenta que la implementación del sistema insume entre dos y tres meses, y su incumplimiento implica sanciones, multas, recargos y suspensión de certificados. Queremos llegar con este mensaje a todos los departamentos, para que cada empresario pueda cumplir en tiempo y forma con la normativa”, indicó Hornes.
La DGI realizó una clasificación de las empresas de acuerdo a su facturación, estableciendo plazos de homologación el 1º de junio y el 1º de diciembre de cada año hasta 2019. La única excepción son las que facturan menos de $ 79.000, pero el resto debe adquirir el hardware y el software necesarios para implementar el sistema. Memory dispone de estos servicios, cuyo costo real puede ser reducido un 50% aplicando las deducciones tributarias aprobadas por la DGI.
Además de ofrecer las herramientas necesarias para poner en marcha el sistema de facturación electrónica, la empresa ofrece talleres y conferencias gratuitas, facilitando a los usuarios un manual de uso en el que es posible encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes y buscar soluciones inmediatas.
Con el objetivo de difundir en el interior del país el uso de la factura electrónica, expertos de la compañía especializada en software administrativo Memory recorrerán diversos departamentos organizando desayunos de trabajo para informar sobre el nuevo sistema obligatorio. Hoy comenzarán Libertad, y continuará el martes 24 en Mercedes. En julio habrá una agenda similar que contemplará las ciudades de Paysandú, Salto, Colonia, Trinidad y Maldonado.
jueves 19 de mayo | 2016
La revolución de la facturación electrónica
El contador Federico Hornes, gerente comercial de Memory, explicó que la intención es interiorizar a todos los empresarios sobre la importancia de homologar su condición de emisores de factura electrónica para cumplir con la nueva normativa dispuesta por la Dirección General Impositiva (DGI).