La discusión sobre el futuro de las aplicaciones de movilidad en Canelones volvió a activarse. La Asociación Única de Conductores de Aplicaciones de Canelones (AUCAC), encabezada por su presidente Diego De la Sierra, entregó un proyecto formal al intendente Francisco Legnani con el objetivo de regularizar el funcionamiento de plataformas como Uber y Cabify en todo el territorio departamental.
El documento, elaborado junto con representantes de Cabify y con el apoyo de otras asociaciones de choferes, propone la creación de un sistema de permisos oficiales para los conductores, con chapa identificatoria y reglas claras de operación. Según explicó De la Sierra a InfoNegocios, el texto fue remitido primero al director general de Tránsito y Transporte, Alejandro Alberro, y debería llegar esta semana al escritorio del intendente, quien luego lo enviará a la Junta Departamental para su aprobación.
Entre los puntos centrales del proyecto se establece que cada permisionario podrá operar hasta 12 horas diarias y sumar un segundo conductor para optimizar el uso del vehículo. Los permisos no serán transferibles ni vendibles —aunque estarán habilitados para ser utilizados por familiares directos— y el canon que se cobre quedará a cargo de los choferes. Además, el esquema contempla la inclusión de los taxis dentro de las mismas plataformas digitales, permitiendo que también accedan a viajes mediante aplicaciones, tal como sucede en Montevideo.
Hoy, los conductores de aplicaciones en Canelones operan en un limbo legal y son sancionados bajo el Decreto 69, que regula el transporte oneroso no regular, con multas que superan los $73.000 y sin posibilidad de financiación como sí ocurre en Montevideo. Según AUCAC, entre 120 y 180 vehículos ya regulados en la capital trabajan cada día de forma irregular en la zona del Aeropuerto de Carrasco. La AUCAC, por su parte, está formada por 70 conductores.
El objetivo final de la asociación es que, una vez aprobado el marco legal en Canelones, se avance hacia una zona metropolitana unificada que permita la libre circulación de aplicaciones entre Montevideo, Canelones y Maldonado.