Cualquier detalle hace la gran diferencia y la mentira tiene patas cortas. Parecen frases armadas, pero se aplican al caso de la asesora jurídica del gobierno, que podría ser procesada por delito de usurpación de título.
El caso no es sólo un problema individual, sino que puede involucrar a empresas que hayan realizado acuerdos, como por ejemplo transacciones laborales, con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y así generar un dolor de cabeza para el gobierno uruguayo.
InfoNegocios consultó a abogados constitucionalistas, que coincidieron en que “habría que estudiar caso a caso para resolver cuales carecen de validez y cuáles no. En algunos casos, como por ejemplo, las transacciones laborales se exige que ambas partes estén asesoradas por abogado, y en caso de que una de ellas no lo esté, ese acuerdo transaccional no tendrá validez”.
Las empresas involucradas deberán hacer un estudio pormenorizado de la situación para luego resolver los pasos a seguir.