La integración de la Corte Electoral es inversamente proporcional a la representación partidaria nacional.

En año electoral los temas polémicos en torno a las elecciones están a la orden del día. La Corte Electoral tiene la misma integración desde 1994 y los partidos Nacional y Colorado tienen más ministros en el organismo que el Frente Amplio, que ganara las últimas elecciones nacionales con más del 50% de los votos. Son cuatro colorados, tres blancos y dos frenteamplistas. Pero para tener una Corte Electoral más representativa de la realidad política nacional y de la voluntad ciudadana es necesario que los nombres de los designados para integrar la corte sean aprobados por dos tercios de la Asamblea General Legislativa. Y aquí viene la paradoja, porque, según representantes de la Comisión Pro Referéndum, “la Constitución establece que la integración de la corte debe realizarse respetando la voluntad popular en la última elección pero los partidos minoritarios, pretendiendo tener una mayor representación que la que habilita la Constitución, niegan sus votos para cambiar los miembros.” Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la cosa está que arde y las susceptibilidades a flor de piel.

Uruguay empieza a discutir las reglas para una movilidad autónoma (¿Quién paga si el auto sin conductor choca?)

(Por Antonella Echenique) Con vehículos que ya incorporan sistemas de conducción autónoma y la llegada de nuevas tecnologías al mercado uruguayo, el país comienza a discutir un vacío que hasta ahora parecía lejano: quién es responsable cuando detrás del volante ya no hay una persona. Un proyecto de ley presentado por el diputado Mauricio Viera busca crear el marco jurídico para estos vehículos, mientras que desde el BSE advierten que el mercado de seguros también deberá adaptarse.

Déficit subirá al 3,9% para ordenar las cuentas públicas y saldar deudas atrasadas del Estado con proveedores

El ministro de Economía, Óscar Lovera, sostuvo que el plan para disminuir la deuda del Estado con los proveedores contempla la ampliación del déficit fiscal al 3,9%, solicitud que se incluirá este año en la presentación del Presupuesto General de la Nación 2027. Para 2028, el Gobierno pretende volver a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y, aparentemente, la medida no genera grandes cuestionamientos ni entre los analistas ni en el empresariado.