Las estafas digitales se han convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en Uruguay en la última década. De acuerdo con el Boletín semestral de estadísticas criminales elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), en base a datos del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, la tasa de denuncias por estafa pasó de 38,7 cada 100.000 habitantes en 2013 a 870,5 en 2024. Esto supone un incremento superior al 2.000%.
En este contexto, la fintech uruguaya Prex detectó un aumento en los reportes de intentos de fraude digital en los últimos seis meses. Según la empresa, este crecimiento responde tanto al mayor volumen de operaciones en línea como a una mayor disposición de los usuarios a denunciar situaciones sospechosas.
Las modalidades más frecuentes son aquellas vinculadas a la ingeniería social, es decir, maniobras que buscan manipular a la víctima para obtener información sensible. Dentro de esta categoría destacan el phishing, que se presenta mediante correos electrónicos que imitan comunicaciones oficiales; el vishing, que consiste en llamadas fraudulentas, en algunos casos realizadas a través de WhatsApp; y el smishing, que se manifiesta a través de mensajes de texto con enlaces maliciosos. También se han detectado fraudes relacionados con falsas ofertas laborales. En muchos casos los estafadores se hacen pasar por representantes de empresas, utilizan un tono de urgencia y solicitan transferencias de dinero hacia cuentas desconocidas. Otras veces el engaño comienza con enlaces que imitan plataformas legítimas para captar datos personales.
Existen varias señales que pueden advertir sobre la existencia de un intento de fraude. Entre ellas se encuentran las llamadas inesperadas o realizadas por canales inusuales como WhatsApp o redes sociales, los mensajes con errores de ortografía o redacción, el uso de un tono de urgencia o la promesa de beneficios poco creíbles, la presencia de enlaces acortados o con dominios extraños, la solicitud de datos personales a través de redes sociales, teléfono o correo, y los ingresos de dinero no esperados en la cuenta.
Para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de delitos, los especialistas recomiendan no compartir contraseñas, PIN ni códigos de verificación, así como activar la autenticación en dos pasos en aquellas plataformas que lo permitan. También se aconseja evitar seguir instrucciones sospechosas por teléfono, no transferir dinero a desconocidos bajo el pretexto de “proteger la cuenta”, revisar de forma periódica los movimientos bancarios y comprobar que los perfiles en redes sociales correspondan a cuentas oficiales.
En caso de sospecha, lo más recomendable es interrumpir de inmediato la comunicación y contactar únicamente a través de los canales oficiales de la institución financiera correspondiente. Si bien las empresas aplican medidas de seguridad avanzadas, la prevención depende en gran parte del comportamiento de los usuarios y de su capacidad para identificar señales de alerta.
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