El gobierno define regiones geográficas de acuerdo a su funcionalidad productiva

Se argumenta que su vigencia hasta 2030 fue definida con el fin de posibilitar el análisis prospectivo a largo plazo y la elaboración concertada y articulada de los instrumentos de ordenamiento a escala nacional, regional, departamental y local.
El texto dispone que se deben establecer áreas de uso para la localización ordenada de actividades agropecuarias en la región de acuerdo a sus capacidades, aptitudes y riesgos recurriendo a políticas de fomento, incentivos, restricciones y limitaciones; estimular y proteger la producción familiar en diferentes realidades socioproductivas; promover la conservación de los suelos y agua previniendo la erosión, desertificación y contaminación; y promover criterios en escalas territoriales para la convivencia de agricultores a partir de la coexistencia regulada de los cultivos transgénicos, convencionales y orgánicos.
Asimismo, promueve la forestación industrial solamente en las áreas de prioridad forestal en el marco de la Ley N.° 15.939, así como el agregado de valor a la madera extraída; criterios para la localización ordenada de la forestación industrial atendiendo el interés general; y la concentración en el territorio de las áreas de nueva incorporación a la forestación o reforestar con el criterio de un uso racional de la infraestructura vial para el transporte de la producción forestal.
Define el impulso de distritos de prioridad minera compatibles con otras actividades productivas y con las políticas nacionales, promoviendo la industrialización en la región; establece la aplicación de las condiciones de las buenas prácticas mineras para las explotaciones en el marco de la legislación nacional, de modo de garantizar el mayor equilibrio y mitigación de eventuales impactos negativos; y coordina la localización de las actividades vinculadas a la industria derivada de la extracción minera.
Promueve la localización de actividades multipropósito que requieren profundidades para embarcaciones de gran calado en un punto de la costa oceánica, satisfaciendo demandas de alcance nacional e internacional; impulsa la localización de actividades en la Laguna Merín; potencia la articulación de las infraestructuras logísticas y portuarias existentes y futuras de la región promoviendo un funcionamiento compatible que no interfiera con el desarrollo turístico y los recursos ambientales.
Promueve el mejoramiento de la industria turística y el turismo alternativo entre otros paisajes de sierra; consolida los circuitos regionales de turismo náutico y deportes acuáticos y promueve actividades asociadas con las áreas agropecuarias. Además regula y optimiza las áreas de pesca artesanal, deportiva e industrial y promueve el agregado de valor a los recursos acuáticos.
Fomenta la producción energética con participación de fuentes autóctonas en particular las renovables mediante el aprovechamiento del potencial regional a través de la instalación de parques eólicos, micro turbinas hidroeléctricas, paneles solares y plantas de biomasa.
El Capítulo IV define criterios e indicadores para la evaluación de proyectos y obras de grandes infraestructuras y equipamientos considerando la importancia estratégica regional y nacional, articulando con el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Promueve el incremento de saneamiento primario en los centros urbanos, la formulación de un sistema integral de manejo de residuos sólidos, la consolidación del sistema vial de conexiones transversales para personas y bienes, la coordinación entre el Gobierno nacional e intendencias para construir y mantener rutas y caminos vecinales, el transporte por tren y de la Hidrovía Uruguay-Brasil y el funcionamiento de los Consejos Regionales de Recursos Hídricos.