En el marco de un nuevo desayuno CERES, realizado ayer en el Radisson Montevideo ante unos 350 empresarios, el economista Ignacio Munyo sostuvo que el proyecto del gobierno atiende parte de la agenda pendiente y que se requiere “licencia social” para avanzar en las otras reformas necesarias.
Durante la conferencia titulada “La dura realidad. Datos, análisis y perspectiva”, el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social sostuvo que el contexto global muestra evidencia de que la geopolítica pesa cada vez más sobre las decisiones económicas, comerciales y de inversión.
Competitividad debilitada
En una realidad económica desafiante, Munyo identificó a la competitividad como el principal desafío del país y la describió como una mesa de tres patas: regulación laboral, regulación de la competencia y carga fiscal, incluyendo impuestos y tarifas públicas.
Señaló que las tres dimensiones presentan debilidades y requieren reformas de fondo. A su juicio, estas transformaciones han sido postergadas durante un período prolongado y su implementación depende no solo de capacidades técnicas, sino también de condiciones políticas y sociales.
El director de CERES introdujo el concepto de “licencia social” como condición necesaria para avanzar en reformas estructurales. Sostuvo que, sin respaldo social y político, las transformaciones de mayor profundidad no pueden concretarse.
En ese sentido, indicó que, en el caso de la competencia, existe margen para avanzar, dado que este tema ha estado presente en las últimas campañas electorales de todos los partidos.
Un buen ejemplo de ello es el proyecto de ley de competitividad enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el pasado 18 de junio, iniciativa que Munyo valoró positivamente por incorporar herramientas relevantes para modernizar el marco regulatorio uruguayo, y lo catalogó como un muy buen avance para la agenda de modernización regulatoria del país.
Entre sus principales fortalezas destacó la adopción de un criterio de proporcionalidad en las regulaciones, la gestión basada en riesgos, el silencio positivo para determinados procedimientos administrativos, así como medidas orientadas a profundizar la digitalización, evitar la duplicación de información, eliminar restricciones obsoletas y fortalecer la competencia en los mercados.
No obstante, señaló que varias de las disposiciones propuestas dejan aspectos sustanciales sujetos a la reglamentación posterior, lo que podría limitar su efectividad. En ese sentido, propuso ajustes para fortalecer la iniciativa, entre ellos convertir los principios regulatorios en derechos exigibles por los ciudadanos y empresas, establecer como obligatoria la aceptación de evaluaciones extranjeras en determinados ámbitos y crear un Consejo Asesor de Competitividad con jerarquía e independencia técnica.
Respecto a los cambios que requiere la regulación laboral y la carga fiscal, advirtió que no existe actualmente el mismo nivel de respaldo social para reformas de fondo.
Con relación a la regulación laboral, afirmó que constituye desde hace tiempo una de las principales restricciones a la inversión en Uruguay.
Sostuvo que el debate público no siempre se orienta en la dirección de mejorar las condiciones de competitividad y remarcó la importancia del rol del Ministerio de Economía y Finanzas en la conducción de esa agenda. Mencionó el impulso del Ministerio de Trabajo al preaviso de los despidos y el tope de 48 a 40 semanales, sin rebaja salarial que promueve el PIT-CNT.
Todos los problemas regulatorios, de carga fiscal y de competitividad explican por qué Uruguay es un país “carísimo”, sostuvo el economista Munyo.
Un plan de mejoramiento del gasto
Pese a la falta de “licencia social” para la reforma fiscal, Munyo cree que es posible avanzar en esa dirección. Para ello, planteó analizar el gasto público según sus cometidos, distinguiendo entre gasto esencial, básico y complementario. El crecimiento más acelerado registrado por este último en las últimas décadas abre espacio para una revisión de programas y asignaciones de recursos, aseguró.
En su opinión, es posible una revisión de programas, estructuras y asignaciones de recursos con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto y reasignar fondos hacia áreas prioritarias como infancia, seguridad pública y atención a personas en situación de calle, sin incrementar la carga tributaria.
Sostuvo que una estrategia de revisión del gasto podría permitir alcanzar objetivos fiscales similares a los planteados por el gobierno mediante incrementos de impuestos. Sin embargo, tendría efectos más favorables sobre la inversión y las expectativas económicas.
El economista propuso un plan de ordenamiento del gasto público con el propósito de mejorar la eficiencia del Estado y reasignar recursos hacia áreas de mayor impacto.
Entre las iniciativas planteadas se encuentra la tercerización total del dragado del puerto, una actividad para la que la Administración Nacional de Puertos prevé inversiones por 115 millones de dólares entre 2025 y 2029, de los cuales 63 millones de dólares corresponden a dragado propio. La propuesta apunta a concentrar la operativa en servicios contratados externamente, con un ahorro estimado de 11 millones de dólares anuales por costos operativos.
Otro de los ejes del plan refiere al cierre de la producción nacional de portland, una actividad que registró pérdidas de 31 millones de dólares en 2025 y acumula resultados negativos por 840 millones de dólares desde el año 2000. Como alternativa, se plantea un programa de transición laboral para los 370 trabajadores vinculados a las plantas de Paysandú y Minas, que incluiría un subsidio temporal de $ 80.000 mensuales durante un año y capacitación a través de INEFOP. La medida permitiría un ahorro estimado de 22 millones de dólares en el primer año, al que se sumarían unos 30 millones de dólares por la venta de activos.
La propuesta también contempla una revisión de los incentivos a los vehículos eléctricos e híbridos particulares. En concreto, se plantea mantener los beneficios arancelarios, pero equiparar el pago de IMESI y patente al de los vehículos a combustión. Bajo determinados supuestos de mercado, esta modificación permitiría incrementar la recaudación en aproximadamente 90 millones de dólares anuales, además de moderar el crecimiento del parque automotor.
Por último, el plan propone reformular el funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización, sustituyendo gradualmente la tenencia estatal de tierras por mecanismos de apoyo y acompañamiento a los productores.
La iniciativa incluye frenar nuevas compras de campos, incentivar la adquisición de predios por parte de colonos con antigüedad y ajustar progresivamente los arrendamientos hacia valores de mercado. Según las estimaciones presentadas, estas medidas generarían ingresos y ahorros del orden de 190 millones de dólares anuales.
Estas acciones, sumadas a una revisión general del gasto público restante, y estimando que esto generaría —con base en resultados en experiencias de otros países— un ahorro anual equivalente a cerca del 1% del gasto, el plan proyecta una mejora fiscal superior a los 550 millones de dólares por año.
Munyo abordó también el sistema de seguridad social y el rol de las AFAP. Expresó preocupación por propuestas surgidas del diálogo social que, a su juicio, podrían afectar el funcionamiento del sistema sin mejorar las jubilaciones ni ampliar la libertad de los trabajadores para decidir sobre la administración de sus ahorros previsionales. Señaló, en particular, la necesidad de mejorar la gestión del Banco de Seguros del Estado como asegurador del esquema previsional —actualmente de altos costos— lo que tendría efectos inmediatos y significativos en las jubilaciones.
Planteó que el sistema requiere además mejoras en la eficiencia de la renta vitalicia y en las condiciones de inversión de los fondos, con alto impacto en mejorar los retornos de largo plazo.
Finalmente, advirtió sobre el efecto de las proyecciones oficiales del Censo 2011 en comparación con las del Censo 2023: hacia 2045 Uruguay tendría 177.000 personas menos en edad de trabajar y 112.000 menores de 14 años, junto con una caída de la fecundidad, con una tasa de 1,2 hijos por mujer y una reducción estimada de unos 14.000 nacimientos.
Si a ello se suman las propuestas surgidas del diálogo social, en particular la eventual reducción de la edad de jubilación, abre la puerta para que se diluyan las ganancias de sostenibilidad fiscal proyectadas en la reforma de 2023.
Como cierre, el economista reiteró que el contexto internacional vuelve más exigente la tarea de atraer inversiones y subrayó que el país enfrenta el desafío de recuperar competitividad mediante reformas estructurales en las tres dimensiones señaladas.
“La competitividad es el gran problema que Uruguay debe resolver”, concluyó.
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