La trata de personas es uno de los delitos más complejos de combatir porque opera de forma silenciosa, se apoya en estructuras del crimen organizado y suele dejar rastros económicos antes que evidencias visibles. Bajo esa premisa, Uruguay comenzó a fortalecer un enfoque que incorpora al sistema financiero, las empresas, la sociedad civil y los organismos públicos como actores clave para detectar señales de alerta y prevenir este delito.
En esa línea, el pasado 28 de julio se realizó el encuentro "Diálogo sobre trata de personas y prevención financiera en Uruguay", organizado por la organización civil Siembra, con el apoyo del Banco República (BROU) y la participación de la vicepresidenta de BROU Adriana Rodríguez. La actividad tuvo como objetivo promover la articulación entre distintos sectores para mejorar la prevención, la identificación de riesgos y la generación de alertas vinculadas a la trata de personas, considerada una de las manifestaciones más graves del crimen organizado y una severa violación a los derechos humanos.
La jornada incluyó un taller dirigido a equipos técnicos del BROU y posteriormente un evento abierto al público, en el que participaron la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde; la directora de Inmujeres, Mónica Xavier; la secretaria nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti Alonso; Cristina Prego, de la Asociación Civil El Paso, y Agustina de León, representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La propuesta apunta a instalar un tema que hasta hace pocos años permanecía casi exclusivamente dentro del ámbito judicial o policial: el papel que pueden desempeñar las instituciones financieras y las empresas para identificar movimientos o circuitos económicos compatibles con situaciones de explotación de personas. Según la organización del evento, la iniciativa forma parte de una serie de actividades que combinan formación técnica, diálogo interinstitucional y sensibilización pública entre el Estado, el sistema financiero, la academia, organizaciones sociales y organismos internacionales.
En Uruguay, la trata de personas está tipificada por la Ley 19.643, que establece medidas de prevención, persecución penal, protección y reparación para las víctimas. A nivel institucional, el país cuenta con el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, integrado por distintos organismos públicos y encargado de coordinar la política nacional en la materia.
En los últimos años también comenzó a ganar protagonismo la dimensión financiera del delito. Organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) vienen promoviendo que bancos, entidades financieras y sujetos obligados incorporen indicadores específicos para detectar operaciones potencialmente vinculadas a la trata de personas y al lavado de activos derivado de este delito.
Ese enfoque ya tiene antecedentes en el sector privado. A nivel internacional, bancos como HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group, Santander UK, Standard Chartered y NatWest integran iniciativas junto a autoridades públicas y organizaciones especializadas para desarrollar tipologías, compartir información y fortalecer mecanismos de detección de operaciones sospechosas relacionadas con la trata de personas y otras formas de explotación.
En América Latina también comenzaron a surgir experiencias similares. Diversas entidades financieras trabajan con capacitaciones internas para sus equipos de cumplimiento y prevención de lavado de activos, incorporando indicadores específicos que permiten detectar posibles casos de explotación laboral o sexual a partir del comportamiento financiero de personas y organizaciones.
En Uruguay, si bien todavía no existen antecedentes públicos de programas empresariales de gran escala exclusivamente dedicados a este tema, el encuentro impulsado por Siembra y el BROU representa uno de los primeros espacios orientados específicamente a involucrar al sistema financiero en la prevención de este delito. La actividad refleja una tendencia internacional que entiende que la lucha contra la trata ya no depende únicamente de la acción policial o judicial, sino también de la capacidad de empresas, bancos y organizaciones para reconocer señales tempranas y activar mecanismos de alerta.
La organización destacó que este tipo de instancias busca reforzar el compromiso colectivo para avanzar hacia una sociedad libre de trata de personas, promoviendo una mayor coordinación entre los distintos actores involucrados.
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