De la energía renovable a la infraestructura (ppp claves para el negocio de los estudios jurídicos)

(Por Sabrina Cittadino) Los grandes estudios jurídicos están percibiendo un cambio en el mercado. Hasta hace un tiempo el futuro iba de la mano con las licitaciones de UTE a raíz del cambio en su matriz energética. Ahora que ya se adjudicaron todas y no se están emitiendo más, ¿cuál es el negocio a seguir ahora? “Palpamos que el interés del Estado en este momento está en la infraestructura”, según nos contó Nicolás Herrera Alonso, uno de los socios del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause. “Hasta este momento, el Uruguay se vio beneficiado por una gran cantidad de proyectos relacionados a energías renovables. Vemos que el desafío ahora viene por el lado de la participación público-privada (ppp) en la infraestructura”, señaló... (seguí, hacé clic en el título)

... De acuerdo a Herrera Alonso, quien se basa en las opiniones unánimes de los economistas, el crecimiento sostenido de los últimos diez años que tuvo el país ha dejado la infraestructura como gran debe. Para poder tener un crecimiento constante o para darle un mayor empuje a Uruguay, es necesario hacer inversiones de este tipo, por eso es que todos los candidatos presidenciales, incluido Tabaré Vázquez, hicieron promesas al respecto.
“Estamos orientados hacia ahí y vemos el crecimiento de nuestra área en los próximos años, porque alguien la tiene que financiar”, indicó. El estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause ya participó de la primera ppp, la construcción de la cárcel en Punta de Rieles, en la estructura legal para que el financiamiento pudiera llegar al proyecto. “Son proyectos que requieren de una estructura de financiamiento, porque exigen una inversión muy importante de capital al inicio, la cual se recupera en 20 años con pagos con flujos futuros del Estado. Es más que nada un negocio financiero, no de construcción, por eso todas las ppp requieren de abogados”, dijo Herrera Alonso.
Actualmente hay una segunda ppp en vías de adjudicación. Se trata de un proyecto carretero para arreglar dos rutas nacionales. “Por lo general son proyectos que superan los US$ 50.000.000”, finalizó el abogado.

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