Cuando se anuncia una obra, la primera pregunta casi siempre es la misma: ¿cuánto cuesta?
Es lógico. Los recursos son limitados y administrar eficientemente las inversiones es una responsabilidad compartida por el sector público y el privado. Sin embargo, esa pregunta, siendo necesaria, rara vez alcanza por sí sola para determinar el verdadero valor de una obra.
"Durante muchos años se midieron las obras casi exclusivamente por el monto de la inversión. Sin embargo, hoy una evaluación socioeconómica del proyecto permite preguntarnos cuánto le cuesta a la sociedad la forma elegida para construir esa obra", afirmó Oscar Schmidt, director general de Schmidt.
Esta reflexión no pretende cuestionar la forma en que históricamente se han desarrollado los proyectos de infraestructura. Por el contrario, busca enriquecer un debate que hoy está presente en numerosos países: incorporar nuevas variables al momento de evaluar una inversión.
En este sentido, ya no se analiza únicamente cuánto cuesta construir una estructura. También se considera cuánto tiempo demanda ejecutarla, qué impacto tendrá sobre la movilidad, cuánto afectará la actividad económica de su entorno, cuál será su comportamiento durante décadas de servicio y qué nivel de interferencia generará mientras permanece en construcción.
En otras palabras, se debe valorar lo que podría definirse como el costo social de una obra.
Cada semana que una intervención permanece abierta implica miles de horas perdidas por ciudadanos, empresas y transportistas. Significa más motores encendidos, mayor consumo de combustible, más emisiones, más ruido y una productividad que deja de generarse.
"El tiempo también es un recurso. Cuando una obra demora más de lo necesario, ese tiempo lo termina pagando toda la sociedad y ese costo, aunque no figure en una licitación, tiene un enorme impacto económico y ambiental", sostuvo Schmidt.
La pregunta, entonces, deja de ser únicamente cuánto cuesta construir.
La pregunta pasa a ser cómo construir mejor.
No existe una única respuesta. Cada proyecto requiere un análisis técnico específico y no todos admiten las mismas soluciones. Precisamente por eso resulta fundamental que las distintas alternativas constructivas sean consideradas desde el inicio del proceso de planificación.
En ese escenario, la construcción industrializada ha demostrado en numerosos países que puede aportar ventajas significativas en determinados tipos de obras, permitiendo fabricar gran parte de los componentes en planta mientras avanzan simultáneamente los trabajos de preparación en el sitio. Esa forma de organizar el proceso permite reducir los tiempos de ejecución de manera radical, mejorar el control de calidad y disminuir la afectación sobre el entorno.
En Uruguay, esa capacidad ya existe.
Durante los últimos años, Schmidt, dentro de su política de innovación permanente, realizó una fuerte inversión en infraestructura industrial, tecnología y desarrollo de ingeniería para incorporar al país sistemas constructivos ampliamente utilizados a nivel internacional.
"Nuestro objetivo no fue solamente fabricar elementos premoldeados. Lo que buscamos es contribuir a una forma diferente de pensar la construcción. Una obra no debería evaluarse únicamente por cuánto cuesta ejecutarla, sino por el valor que devuelve a la sociedad durante toda su vida útil y también por el impacto que genera mientras se construye", expresó Schmidt.
Más allá de las soluciones técnicas que cada proyecto requiere, el desafío es ampliar la forma en que medimos el éxito de una obra, porque cuando una infraestructura entra en funcionamiento antes, la sociedad gana tiempo.
Y cuando la sociedad gana tiempo, gana productividad, competitividad, calidad de vida y oportunidades de desarrollo.
Quizás haya llegado el momento de incorporar esa variable con la misma importancia con la que hoy analizamos los costos directos de una inversión.
Al fin y al cabo, las mejores obras no son únicamente las que se construyen bien, sino las que generan el mayor valor posible para las personas.
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