En un mercado que continúa atado a las referencias internacionales, el nuevo informe de URSEA sobre los Precios de Paridad de Importación (PPI) y la fijación del Precio Máximo Intermedio Transitorio (PMIT) vuelve a poner sobre la mesa una dinámica conocida, pero no por eso menos relevante: la tensión entre los costos externos y la realidad doméstica.
A partir del 1° de mayo, los valores técnicos definidos para la cadena mayorista muestran un comportamiento dispar entre productos. Las naftas se ubican en una franja alta —con la Premium 97 en $ 80,74 por litro y la Súper 95 en $ 77,87—, mientras que el gasoil presenta niveles sensiblemente más bajos, con el 50S en $ 49,00 y el 10S en $ 53,87. En paralelo, el GLP envasado queda fijado en $ 63,46 por kilo.
Detrás de estos números hay más que una simple actualización técnica. El esquema de PPI, vigente desde 2021, busca alinear los precios locales con el costo teórico de importar combustibles, incorporando variables como el precio del crudo, los refinados, los fletes y el tipo de cambio. En ese marco, cada ajuste mensual se convierte en una señal directa sobre cómo impacta el contexto global en la economía uruguaya.
El dato no es menor para el entramado productivo. El gasoil, insumo clave para el agro, el transporte y la logística, mantiene una brecha significativa respecto a las naftas, lo que refuerza su rol como variable crítica para la competitividad. Cualquier movimiento en este segmento tiene efectos inmediatos en costos empresariales y, en consecuencia, en precios finales.
Al mismo tiempo, el nivel de las naftas refleja la persistencia de valores elevados en el mercado internacional de refinados, un componente que ha mostrado volatilidad en los últimos meses. Esto limita el margen de maniobra local y vuelve más visible el peso de la política de precios en el equilibrio entre recaudación, inflación y actividad.
La resolución también reafirma el rol de los actores del sistema —desde Ancap hasta las distribuidoras privadas— dentro de una cadena donde el precio técnico funciona como referencia, pero la decisión final sigue en manos del Poder Ejecutivo.
En ese equilibrio, el PPI continúa siendo una brújula más que un destino. Marca el rumbo de los costos, pero no necesariamente el precio final. Y en ese margen —cada vez más observado por empresas y consumidores— se juega buena parte del debate energético y económico del país.
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