El nuevo marco introduce cambios relevantes en la lógica del sistema, endurece los compromisos exigidos y prioriza determinados perfiles de inversión. Ante este escenario, la consultora CPA Ferrere publicó un informe con el detalle de las modificaciones y analizó su impacto para el sector privado.
Para Federico Campagna, gerente senior de CPA Ferrere, el ajuste del régimen es significativo. “Los cambios más relevantes son la promoción de proyectos de grandes inversiones, creando una categoría especial para ellos; la configuración de un régimen más exigente y menos tolerante al desvío al momento de otorgar beneficios fiscales, y el otorgamiento de beneficios adicionales a MiPymes”, explicó en diálogo con InfoNegocios.
Según Campagna, el mensaje del Estado es claro: “Da una señal de mayor exigencia y dificultad para obtener beneficios fiscales, que tiene como prioridad atraer grandes proyectos bajo determinadas características e impulsar con mayores beneficios a las MiPymes, además de premiar la contratación de colectivos con dificultades de acceso al empleo”.
La mayor exigencia también se refleja en la nueva matriz de indicadores, que reduce su ponderación total y eleva los compromisos que deben asumir las empresas. Para Mauro Navarrine, consultor de CPA Ferrere, el decreto combina dos lógicas en tensión. “Es un régimen más exigente porque hay que obtener más puntos para conseguir el mismo beneficio fiscal y, en algunos indicadores, como empleo y potencialmente exportaciones, los plazos para mantener los compromisos se incrementan de 3 a 5 años”, señaló.
Al mismo tiempo, Navarrine destacó que el régimen se vuelve más selectivo. “Hay una mejor especificidad de las inversiones premiadas, con foco en características tecnológicas, innovadoras y de mejora de procesos”, afirmó.
Uno de los cambios más sensibles se da en materia de empleo. El decreto prioriza la contratación de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, pero elimina la matriz simplificada y extiende los plazos de cumplimiento. “Cambia mucho, sobre todo para empresas medianas que veían a la matriz simplificada como una vía rápida de acceso al régimen únicamente mediante la contratación de personal”, sostuvo Campagna.
El decreto también crea una categoría específica para proyectos de gran inversión, que puede otorgar exoneraciones de hasta el 100% del IRAE. Según Navarrine, los proyectos mejor posicionados son aquellos “intensivos en mano de obra y en inversiones que apunten a renovar el stock de capital, con foco en la adecuación tecnológica”. En ese sentido, remarcó que la herramienta es competitiva a nivel regional.
Para las MiPymes, el nuevo régimen incorpora beneficios adicionales y mayores plazos de utilización, aunque Campagna advirtió que también introduce mayores exigencias técnicas y compromisos adicionales, lo que puede volverlo más restrictivo.
De cara a las empresas que evalúan presentar proyectos, desde CPA Ferrere recomiendan una planificación cuidadosa. “Las empresas deben realizar una adecuada planificación fiscal que incluya una proyección de su renta neta fiscal y el impacto de los beneficios”, afirmó Campagna, y sugirió que aquellas que pensaban utilizar la matriz simplificada o las certificaciones evalúen presentar proyectos bajo el Decreto 268/020 antes del 30 de abril.
Finalmente, Campagna concluyó que el nuevo régimen puede resultar atractivo para perfiles específicos, como MiPymes, empresas que contraten colectivos con dificultades de acceso al empleo, proyectos intensivos en tecnología de punta o grandes inversiones, siempre que logren alinear sus planes con las prioridades actuales del Estado.
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