El encalado de suelos agrícolas, una práctica extendida a nivel internacional pero aún marginal en Uruguay, podría tener efectos económicos y productivos de escala si lograra masificarse. Un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) pone números a ese potencial y plantea un escenario en el que corregir la acidez de los suelos no solo mejora la productividad, sino que también impacta en el crecimiento del país.
El estudio estima que una expansión del encalado a 500.000 hectáreas podría incrementar el Producto Bruto Interno (PBI) en 0,5%, generar más de 1.000 empleos directos y aportar unos US$ 20 millones adicionales por año en recaudación fiscal. Ese efecto surge de una combinación de mayor producción agropecuaria, inversiones para ampliar la oferta de cal y el dinamismo en sectores asociados, como el transporte y los servicios vinculados a la aplicación.
El punto de partida es un problema que avanza en silencio. Cerca de una cuarta parte del área agrícola del país, más de 350.000 hectáreas, presenta niveles de acidez que comprometen la productividad, mientras que otro porcentaje similar transita el mismo camino. La intensificación productiva de las últimas décadas aceleró ese proceso, con impactos directos en los rendimientos y en la eficiencia en el uso de insumos.
En ese contexto, el encalado aparece como una herramienta para recuperar productividad. La evidencia recogida en el proyecto desarrollado por la Asociación Agropecuaria de Dolores y UNICAMPO Uruguay muestra mejoras en los rendimientos, en la disponibilidad de nutrientes y en la eficiencia del uso de fertilizantes. En algunos casos, los cultivos de soja registraron incrementos promedio del 24%, con picos de hasta 30% en suelos más ácidos.
A pesar de esos resultados, la adopción sigue siendo baja. El informe identifica una barrera central: la inversión no resulta atractiva en términos económicos. El aumento de la producción y el ahorro en fertilizantes permiten recuperar el capital en un plazo de aproximadamente cuatro años, que coincide con la duración de los efectos del encalado. Esa ecuación, sin incentivos adicionales, limita la decisión de invertir.
El esquema actual de incentivos tampoco contribuye a revertir esa situación. El encalado no se considera una inversión elegible dentro de los instrumentos de promoción, lo que reduce su atractivo, y no existen mecanismos equivalentes para productores que tributan IMEBA. A esto se suma la alta proporción de tierras bajo arrendamiento, que desalienta inversiones de largo plazo, además de costos logísticos elevados y brechas de información técnica.
Del lado de la oferta, el diagnóstico es diferente. Uruguay cuenta con capacidad instalada para producir cal y con margen para expandirla mediante inversiones en extracción, acopio y logística. Sin embargo, esas inversiones dependen de una señal clara de demanda, que hoy no aparece.
El informe plantea que el punto de inflexión pasa por volver rentable la inversión a nivel del productor. Entre las medidas sugeridas se incluye incorporar el encalado como inversión elegible en los regímenes de promoción y generar incentivos fiscales para contratos de arrendamiento más largos. Según el análisis, esos estímulos no implicarían un costo fiscal neto, ya que la recaudación adicional superaría el monto de las exoneraciones.
El potencial trasciende a la agricultura. El encalado también podría extenderse a la ganadería, la lechería, la horticultura y la fruticultura, sectores que enfrentan procesos similares de acidificación. En paralelo, abre una oportunidad para reactivar la producción nacional de cal y fortalecer encadenamientos industriales vinculados.
El diagnóstico es claro. El país enfrenta un deterioro progresivo de uno de sus principales activos productivos, el suelo, y dispone de una herramienta probada para revertirlo. La diferencia entre un escenario de adopción marginal y otro de escala radica en la ecuación económica. CERES pone el foco en ese punto y cuantifica lo que está en juego.
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