En el marco de un encuentro con socios, representantes políticos y autoridades nacionales y departamentales, entre otros invitados, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY) compartió los resultados de un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) acerca de la contribución económica y beneficios generados por el régimen de zonas francas en el país.
“Como cámara tenemos que informar a la población sobre lo que las zonas francas generan en nuestro país y los derrames económicos de la actividad”, puntualizó Diego Licio, presidente de la CZFUY, agregando que “nos pareció oportuno como directiva encargar un trabajo científico y técnico sobre la temática, y aprovechar la inversión que hace nuestro país en cuanto a la información relevante que se recaba”.
Para elaborar el informe se utilizaron los últimos datos disponibles del Censo de Zonas Francas del año 2019, además de información relevada por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se detalla que hasta ese año había 1.024 empresas habilitadas a operar en territorios francos, las cuales ocupaban directa y dependientemente a 15.235 trabajadores.
Este régimen representa el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), excluyendo la segunda torre de World Trade Center, Aguada Park y UPM 2. Durante 2019, las empresas de zonas francas invirtieron US$ 499 millones, es decir, el 5,6% de la inversión total de la economía.
Según el director ejecutivo de Ceres, el economista Ignacio Munyo, “hay más de 5.000 territorios francos en el mundo, y son estratégicos para promover el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo. Los países en desarrollo tienen un aliado en las zonas francas”.
En Uruguay hay 11 zonas bajo este régimen, que reportan varios efectos en la economía local. En cuanto al empleo, más de la mitad de las personas que trabajan allí (56%) tienen educación terciaria completa. Además, el promedio de remuneración es bastante más alto que el del resto del país, con US$ 3.318 mensuales, lo que implica un 78% más que en otras compañías.
Por otra parte, si no existieran las zonas francas, la tasa de desempleo nacional sería 0,9% superior a la actual.
Uno de los aspectos que Munyo destaca es que según la normativa el 75% de la mano de obra en las empresas que operan en zonas francas deben ser ciudadanos uruguayos, una cifra en la que Uruguay “está por encima”, ya que en los hechos el 85% de los empleados al día de hoy son uruguayos, por lo que se genera una oportunidad para recibir a inmigrantes.
“El régimen tiene capacidad ociosa para atraer extranjeros y se debería impulsar porque el país lo necesita”, afirmó el director ejecutivo de Ceres.
En cuanto a las exportaciones, en 2019 los bienes y servicios comercializados desde las zonas francas nacionales alcanzaron los US$ 5.322 millones, el 31% del total del país, lo que representa un aumento del 7% respecto al año anterior.
En cuanto a las exoneraciones tributarias, que son “un tema candente”, Munyo dijo que “Uruguay no sacrifica nada” con este sistema.
“Hay un debate sobre el concepto del gasto tributario, sobre cuánto se hubiera recaudado si estas empresas hubieran aportado en el régimen general. Las zonas francas amparan estas inversiones y sin ellas es difícil pensar que se puedan instalar determinadas compañías”, detalló el economista.
Por último, destacó que las compañías de las zonas francas tienen “un derrame en empresas de afuera”, ya que generan de forma indirecta 10.300 puestos adicionales en la economía, con los que el Estado recauda US$ 46 millones a través del Banco de Previsión Social y el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.
“Se provoca un aumento adicional de cerca de 3.300 puestos de trabajo en lo que se denomina impacto inducido”, señaló Munyo.
En definitiva, si se suma el impacto directo e indirecto, las zonas francas generan cerca de 29.000 puestos de trabajo, casi el 2% del total de personas empleadas en el país. “Por cada dólar ‘teóricamente exonerado’, las zonas francas generaron un retorno casi seis veces superior”, destacó afirmó el director ejecutivo de Ceres.
Por otra parte, existen beneficios que no son tomados en cuenta a través de la aplicación de esta metodología, como el incremento de la productividad de los recursos humanos por capacitaciones, la adopción de prácticas innovadoras empresariales y estándares de calidad, entre otros.
Para cerrar, el presidente de la CZFUY sostuvo que este régimen es “un instrumento válido utilizado por todo el mundo para abaratar el costo del país y atraer inversiones que mejoren la calidad de vida de la población”.