Según el último informe de Moody’s, a pesar del menor crecimiento, el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene la trayectoria original del balance fiscal global y estructural hasta 2030, compensando los menores ingresos con recortes en el gasto operativo y en transferencias discrecionales en 2026. Aun así, la senda de consolidación delineada en la revisión de mitad de año es insuficiente para estabilizar la deuda bruta del gobierno que, en línea con las proyecciones oficiales, esperamos supere el 65% del PBI para 2030 desde 59,8% en 2025.
Esta trayectoria seguiría siendo consistente con la regla fiscal del gobierno, que ancla la deuda neta en 65%. Sin embargo, la rígida estructura del gasto, que incluye salarios indexados, transferencias sociales y pensiones —que en conjunto representan el 86% del gasto primario— deja un margen limitado de ajuste ante shocks, lo que agrava las vulnerabilidades fiscales a medida que aumenta la carga de la deuda.
La revisión de mitad de año ahora proyecta los ingresos de 2026 en 27,4% del PBI desde 27% en 2025, una pequeña desviación en comparación con 27,9% en el presupuesto original. Sin embargo, observamos mayores riesgos de desviación fiscal en 2027, cuando el presupuesto proyecta que los ingresos aumentarán en 0,9 puntos porcentuales hasta 28,3% del PIB.
Este incremento se sustenta en el paquete de ingresos a cinco años de 1,5 puntos porcentuales aprobado con el presupuesto 2025-29, que depende principalmente de mejoras administrativas y de la ampliación de la base imponible en lugar de aumentos de tasas. El paquete de ingresos se apoya en tres pilares: ganancias de eficiencia administrativa (alrededor de 0,75 puntos del PBI); medidas de localización, incluido el Impuesto Complementario Mínimo Doméstico y la tributación de dividendos de no residentes (alrededor de 0,60 puntos del PBI); y ajustes técnicos sobre ganancias de capital (alrededor de 0,15 puntos del PBI). Una reducción del gasto tributario en vehículos eléctricos e híbridos a partir de 2027, anunciada en la revisión de mitad de año, aporta apoyo adicional.
A juicio de Moody’s, el enfoque en medidas administrativas ayuda a preservar la competitividad, pero aumenta la incertidumbre sobre la recaudación efectiva, dejando la consolidación de mediano plazo supeditada a una disciplina sostenida del gasto.
Por el lado del gasto, la revisión de mitad de año confirma niveles de gasto estructuralmente elevados de 31%-32% del PBI en 2026-30, impulsados por mayores transferencias sociales (que aumentan a 8,7% del PBI desde 2027, desde 8,3% en 2024), gastos en pensiones en torno al 10% del PBI en 2025, y un mayor gasto de capital (hasta un aún modesto 1,5% del PBI desde 2025, frente a 1,2% previamente). La opción de jubilación anticipada a los 60 años en lugar de 65, actualmente en consideración del gobierno tras la consulta del Diálogo Social, podría, en nuestra opinión, aumentar el gasto en pensiones dependiendo de su diseño final, aunque el Banco de Previsión Social estima el costo incremental en solo alrededor de 0,15 puntos porcentuales del PBI hacia 2040.
Mientras tanto, Moody’s espera que el diálogo del gobierno con las AFAP brinde mayor claridad sobre la administración del ahorro previsional privado derivado de los cambios institucionales propuestos en el informe del Diálogo Social de abril de 2026. Representando alrededor del 30% del PBI, los fondos de pensiones privados constituyen una base clave de inversionistas institucionales, esencial para el desarrollo y la profundidad de los mercados locales.
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