El gobierno admite que no podrá cumplir con el “déficit 0” de vivienda al 2014.

A casi un año de su mandato, el gobierno de Mujica no logra delinear el plan de viviendas (Plan Juntos) que pintaba como el “caballito de batalla” del período y por el cual su gobierno podría ser recordado, tal como sucedió con el Plan Ceibal de Vázquez. De acuerdo a las necesidades habitacionales se requieren 65.000 viviendas y “actuaciones fuertes” en los asentamientos donde se estiman viven unos 200.000 uruguayos. Si bien el plan dispuesto por el gobierno va a impactar fuertemente en los próximos cuatro años (el plan, originalmente, incluye 143.000 soluciones habitacionales para las cuales se destinarían US$ 940 millones en el período) la propia ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, reconoció que no se alcanzará el déficit cero al cierre del periodo. No obstante la apuesta del 2011 será accionar programas que den respuesta a los sectores de bajos ingresos apoyándolos en su capacidad de autoconstrucción y en tierras.

Uruguay empieza a discutir las reglas para una movilidad autónoma (¿Quién paga si el auto sin conductor choca?)

(Por Antonella Echenique) Con vehículos que ya incorporan sistemas de conducción autónoma y la llegada de nuevas tecnologías al mercado uruguayo, el país comienza a discutir un vacío que hasta ahora parecía lejano: quién es responsable cuando detrás del volante ya no hay una persona. Un proyecto de ley presentado por el diputado Mauricio Viera busca crear el marco jurídico para estos vehículos, mientras que desde el BSE advierten que el mercado de seguros también deberá adaptarse.

Déficit subirá al 3,9% para ordenar las cuentas públicas y saldar deudas atrasadas del Estado con proveedores

El ministro de Economía, Óscar Lovera, sostuvo que el plan para disminuir la deuda del Estado con los proveedores contempla la ampliación del déficit fiscal al 3,9%, solicitud que se incluirá este año en la presentación del Presupuesto General de la Nación 2027. Para 2028, el Gobierno pretende volver a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y, aparentemente, la medida no genera grandes cuestionamientos ni entre los analistas ni en el empresariado.