Cada vez somos más francos

Con la aprobación de tres nuevas zonas francas en los últimos meses, Uruguay llegó a un total de 13, distribuidas en todo el país. El principal rubro de actividad de esas zonas francas es la venta de mercaderías sin transformar (casi el 50% del total), seguida por la producción de mercaderías, la actividad de intermediación financiera y otros servicios también financieros. De las tres últimas, Aguada Park, localizada en la zona céntrica frente al puerto de Montevideo, contará con infraestructura para “outsourcing” internacional de servicios y servicios de “back office”; WTC Free Zone, ubicada en el Buceo, apunta a los servicios, tendrá un edificio inteligente con infraestructura de última generación de comunicaciones y seguridad, un diseño arquitectónico ultramoderno que incluye hasta un helipuerto. La más nueva es la de Punta Pereira, situada en el departamento de Colonia y será un polo de desarrollo económico orientado a la fabricación de celulosa, papel y sus derivados. Asimismo, incluirá otras industrias transformadoras de la madera y una terminal portuaria para la entrada y salida de materias primas y la exportación de productos. La inversión total estimada a lo largo del proyecto supera los US$ 1.000 millones.

Uruguay empieza a discutir las reglas para una movilidad autónoma (¿Quién paga si el auto sin conductor choca?)

(Por Antonella Echenique) Con vehículos que ya incorporan sistemas de conducción autónoma y la llegada de nuevas tecnologías al mercado uruguayo, el país comienza a discutir un vacío que hasta ahora parecía lejano: quién es responsable cuando detrás del volante ya no hay una persona. Un proyecto de ley presentado por el diputado Mauricio Viera busca crear el marco jurídico para estos vehículos, mientras que desde el BSE advierten que el mercado de seguros también deberá adaptarse.

Déficit subirá al 3,9% para ordenar las cuentas públicas y saldar deudas atrasadas del Estado con proveedores

El ministro de Economía, Óscar Lovera, sostuvo que el plan para disminuir la deuda del Estado con los proveedores contempla la ampliación del déficit fiscal al 3,9%, solicitud que se incluirá este año en la presentación del Presupuesto General de la Nación 2027. Para 2028, el Gobierno pretende volver a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y, aparentemente, la medida no genera grandes cuestionamientos ni entre los analistas ni en el empresariado.