El documento revela que, en promedio, solo una de cada cuatro personas que integran los Consejos de Administración de las grandes empresas cotizadas es mujer, mientras que en los Comités de Dirección —donde se concentra el poder ejecutivo real— la participación desciende al 19,1%.
Las diferencias entre países son notorias y están directamente vinculadas a la existencia de normativa específica. España lidera el ranking con un 39,5% de mujeres en los Consejos de Administración, impulsada por la ley que fija un mínimo del 40% de representación. En contraste, países como Argentina y Venezuela no alcanzan el 15%, lo que demuestra que el voluntarismo empresarial tiene un alcance limitado sin mecanismos de supervisión o sanciones. En el caso de Uruguay, el estudio lo posiciona en un nivel intermedio, con una participación femenina del 25% tanto en los órganos de supervisión como en los equipos ejecutivos.
El informe destaca que las empresas con participación estatal muestran mejores indicadores de equilibrio de género que las privadas, alcanzando un 30,4% de mujeres en los Consejos. Este dato refuerza la hipótesis de que la intervención pública, ya sea mediante cuotas o lineamientos de gobernanza, puede acelerar los cambios estructurales. Además, el estudio recoge evidencia internacional que vincula la diversidad con resultados económicos: las compañías con al menos un 30% de mujeres en puestos de liderazgo tienen un 25% más de probabilidad de superar financieramente a sus competidores.
SEGIB sostiene que la igualdad no puede seguir dependiendo de compromisos voluntarios ni declaraciones simbólicas. La organización recomienda avanzar hacia marcos legales obligatorios para el sector privado, acompañados de transparencia salarial y planes de igualdad con seguimiento efectivo. “Esperar ya no es una opción”, afirma la empresaria ecuatoriana María Paz Jervis en el prólogo del informe, remarcando que no se trata de pedir favores, sino de garantizar reglas de juego equitativas.
La conclusión del estudio es contundente: el talento femenino existe, pero el acceso al poder corporativo continúa mediado por barreras estructurales y culturales. La paridad no es solo una cuestión de justicia social, sino una oportunidad económica para toda Iberoamérica. Aunque algunos países ya están avanzando por la vía regulatoria, la región en su conjunto sigue moviéndose a un ritmo demasiado lento para los desafíos del siglo XXI.
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