Muchas unidades de Vivienda Promovida no llegaron a su público ideal (ahora el rumbo se está corrigiendo)

Hace poco más de un mes titulábamos con “El objetivo del cambio de la Ley de Vivienda de Interés Social a Vivienda Promovida ‘es un engaño’”, tras los comentarios que nos había hecho el gerente Comercial de Altius, —empresa líder en desarrollos amparados bajo dicha normativa —, Diego Chapuis, sobre la fijación de los topes para los precios de comercialización.

Desde la visión de otro jugador del mercado, Vitrium Capital, firma argentina que hoy tiene a su cargo el proyecto 01 Parque Batlle, la ley es un éxito en todas sus etapas. “Es un éxito porque mantuvo activa una industria que durante algunos años estuvo golpeada por el contexto interno e internacional. Si no hubiese estado esta ley, me pregunto qué hubiese pasado con la industria de la construcción en el último año y medio”, nos dijo Federico Gagliardo, CEO de la empresa. El hecho de que la ley le desgrave impuestos a las desarrolladoras y que, a su vez, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) ofrezca créditos beneficiosos para los consumidores, “cierra muy bien de todos lados”.

De cualquier manera, para Gagliardo se ha aprendido mucho desde el 2011 cuando entró en vigencia la ley 18.795. “En una primera etapa no había unidades topeadas y eso en verdad hacía que no fuese una Ley de Vivienda de Interés Social Era una ley que otorgaba una serie de beneficios para mantener a la industria activa y que permitía hacer excelentes negocios, pero no se beneficiaba a un sector en particular”, explicó. Las mejoras comenzaron a llegar con la segunda etapa, en la que se topeó el precio del 25% de las unidades, aunque de acuerdo al CEO de Vitrium, seguía existiendo una pequeña puerta de escape: “no se tenía la obligación de venderle esas unidades topeadas a nadie en particular, entonces los desarrolladores o inversores se quedaban con esas unidades topeadas a precios muy por debajo del mercado para luego revenderlas. Incluso nosotros le vendimos esas unidades a un montón de gentes que podría haberlas comprado a precio completo”, reconoció.

Con el tercer capítulo, que se escribió a fines de marzo y comienzos de abril, el rumbo empezó a corregirse. Es que ahora, la Ley de Vivienda Promovida prevé que el tope se baje al 10% de las unidades, pero aparece una restricción: el Estado, a través de Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, cuenta con un plazo de 180 días a partir de la finalización de la obra para coordinar la compraventa con quien considere mejor. “Es una restricción financiera importante, pero por otro lado hace que esas unidades lleguen a donde tienen que llegar, que es a la gente que solo puede acceder a una vivienda promovida. Si la ley tiene un fin social, hay que honrar el espíritu de la ley”, consideró Gagliardo. Así y todo, para el CEO de Vitrium los proyectos siguen siendo “extraordinariamente rentables”.

En cuanto a los precios de los alquileres, que nos mencionaba Chapuis un mes atrás, Gagliardo opinó que no es una cuestión que mueva la aguja del mercado, porque la ley busca que la gente adquiera una vivienda. “Nosotros no queremos millones de inquilinos, sino de propietarios. De 01 Parque Batlle llevamos vendido el 65% del edificio y de ese porcentaje, el 80% son propietarios”, finalizó.