Previo al 13 de marzo, día en el que todos los uruguayos supimos que el coronavirus también había llegado al país, las solicitudes para el envío al seguro de paro a trabajadores registraba –según datos del Banco de Previsión Social–, una cifra muy concreta: 8.000. Luego de ese viernes 13, hubo un pico de pedidos y marzo terminó con 81.779 solicitudes.
Como es sabido, el impacto del COVID-19 provocó un fuerte receso en todos los sectores de la industria, el comercio y los servicios, por lo que abril siguió la tendencia a la baja en la economía y en lo que se refiere a puestos de trabajo, incrementándose el número de envío de personas al seguro de paro en 67.411.
En total, entre los meses de marzo y abril, fueron enviados al seguro 149.190 trabajadores, que corresponden al seguro de desempleo tradicional, dado que hay otras 26.969 personas con engrosan la cifra ya que forman parte del seguro de paro especial creado por el gobierno tras la declaración de emergencia sanitaria.
Es decir, para 176.159 trabajadores, el COVID-19 es sinónimo de angustia, incertidumbre, temor, desasosiego. En la mayoría de los casos se trata de una reducción de la jornada laboral o una suspensión transitoria de su situación contractual con la empresa. Pero para otros, la mano es mucho más dura.
Para 11.627 trabajadores (6.689 de marzo y 4.938 de abril), el coronavirus ha sido el punto final en su vínculo laboral, ya que su situación de envío al seguro fue con causal de despido.
Apenas a dos días de cumplirse los dos meses de la llegada del coronavirus a Uruguay, los datos comienzan a mostrar los primeros vaticinios de los analistas que, sin temor a ser políticamente incorrectos, dijeron que el tema en el ámbito de la salud iba a ser grave, pero el mayor sangrado no iba a estar allí, sino en el sector de los trabajadores que, día a día, impulsan el país.
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