En efecto, recientemente el Poder Ejecutivo realizó cambios a este régimen, para incentivar que todos los sectores productivos (industriales, agropecuarios, comerciales y de servicios) lo utilicen.
La filosofía general del régimen se mantiene: se otorgan importantes beneficios fiscales en IRAE, IP, IVA, entre otros, y en contrapartida, las empresas se comprometen a invertir en bienes del activo fijo, nuevos o usados, para uso propio o de terceros, que derramen en externalidades positivas en nuestro país.
Las modificaciones introducidas otorgan mayores exoneraciones tributarias con menores niveles de compromisos, procurando la flexibilización en el control y seguimiento y la mejora en el aprovechamiento de los beneficios concedidos.
De esta manera, el Estado termina subsidiando una parte (nada despreciable) de las inversiones pasadas o futuras, maximizando su retorno global.
En suma, ya sea para la instalación de una nueva línea de negocios, la renovación de la flota de distribución, el recambio programado de una maquinaria industrial o bien en la reforma y equipamiento de las oficinas administrativas, el nuevo régimen de promoción de inversiones resulta un instrumento para tener en cuenta en el radar del buen empresario.
Por:
Rafael Monzó, gerente de Asesoramiento Tributario, Legal y Contable de PwC Uruguay.