Registrar un producto cosmético nuevo o renovar su autorización para comercializarlo en Uruguay tiene un costo de 30 Unidades Reajustables (UR), según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por InfoNegocios. Con el valor vigente de la UR al 27 de julio de 2026, ese arancel equivale a $57.680, unos US$ 1.440 por producto.
La respuesta oficial detalla que toda empresa que quiera comercializar cosméticos debe estar habilitada por el MSP en el rubro correspondiente y realizar el trámite de registro a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Una vez aprobado el expediente, se emite un certificado que habilita la comercialización del producto por cinco años.
El procedimiento comprende 7 etapas: presentación y pago de la solicitud, evaluación técnica, eventuales observaciones, aprobación, emisión del certificado, firma y entrega. En cuanto a los plazos, el ministerio indicó que la aprobación demanda, en promedio, tres meses para los productos Grado 1 y cuatro meses para los Grado 2, siempre que el expediente no presente observaciones y que la empresa responda en tiempo y forma a los requerimientos técnicos.
La cartera también confirmó que no existen diferencias en el procedimiento según el tamaño de la empresa, ni mecanismos para financiar o pagar en cuotas el arancel. La única medida prevista consiste en priorizar las habilitaciones de empresas que ingresan por primera vez al sistema.
El caso de una pyme uruguaya del sector permite observar cómo estos costos y procesos pueden impactar en empresas de menor escala. Desde la firma explicaron a InfoNegocios que, tras un cambio en la estructura empresarial, debieron iniciar nuevamente parte de los trámites necesarios para continuar con la fabricación de sus productos.“Tuve que empezar absolutamente todo desde cero”, expresó la empresaria al describir el proceso.
Según relató, además de obtener una nueva habilitación para el laboratorio, la empresa debía volver a gestionar los registros correspondientes de su línea de productos. La cosmética representaba una parte "importante" de la facturación del negocio y, ante la imposibilidad de sostener los tiempos y costos del proceso, la firma resolvió modificar su modelo de operación y concentrar su actividad en la comercialización de otros productos que ya formaban parte de su negocio.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la empresa refiere al costo del registro y a los tiempos de tramitación. La empresaria sostuvo que volver a registrar toda la línea de productos representaba "un esfuerzo económico" significativo para una pyme y que, por recomendación recibida durante el proceso, planteó avanzar de manera gradual con los trámites y consultó por alternativas de pago.
Según su testimonio, esa posibilidad no prosperó en las consultas realizadas ante el MSP y la empresa recibió un plazo para regularizar la situación. “Yo no digo que no haya que registrar los productos. Lo que planteo es que debería existir cierta flexibilidad para quienes no tenemos la espalda económica de una multinacional”, afirmó.
Respecto a los plazos, sostuvo que cuando los expedientes presentan observaciones el proceso puede extenderse más allá de los tiempos estimados inicialmente. “En cosmética todo pasa por la novedad. Si demorás demasiado en obtener el registro, cuando el producto finalmente llega al mercado puede perder la oportunidad comercial”, señaló.
A su entender, esta dinámica dificulta que los fabricantes nacionales puedan acompañar con rapidez las tendencias del mercado y competir en igualdad de condiciones con productos importados. La respuesta del MSP también confirma que actualmente no existen regímenes específicos para pequeñas y medianas empresas, ni exoneraciones o facilidades de pago para registrar productos cosméticos.
Para la empresaria, ese es uno de los aspectos que debería revisarse. “No pedimos dejar de cumplir la normativa. Pedimos reglas que contemplen la realidad de quienes producimos en Uruguay”, expresó.
Desde la empresa señalaron que la decisión de modificar su esquema de producción no respondió a un cuestionamiento sobre los controles sanitarios, sino a la dificultad de afrontar los costos y tiempos asociados al proceso de registro bajo la nueva estructura empresarial.
La información aportada por el ministerio y la experiencia relatada por una pyme del sector ponen sobre la mesa el desafío de equilibrar las exigencias sanitarias con las condiciones que enfrentan los pequeños fabricantes nacionales para desarrollar su actividad.