El Parlamento comenzó a estudiar uno de los proyectos económicos más ambiciosos impulsados por el Poder Ejecutivo en este período: la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una iniciativa de más de 240 artículos que apunta a simplificar regulaciones, reducir burocracia, fortalecer la competencia, facilitar inversiones y promover cambios que, según el gobierno, permitan bajar costos para empresas y consumidores.
Lejos de plantear una única medida para reducir precios, el proyecto propone una batería de reformas microeconómicas que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resume en un objetivo claro: generar más empleo, más inversión, menos burocracia, mayor competitividad y una reducción del costo de vida.
De acuerdo con la presentación oficial del MEF, la iniciativa se estructura en cuatro grandes capítulos: agilización de trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida, e innovación y aceleración de la inversión.
En la exposición de motivos remitida al Parlamento, el Poder Ejecutivo sostiene que, si bien Uruguay logró importantes avances en estabilidad macroeconómica durante las últimas décadas, "los desafíos para consolidar un crecimiento sostenido y elevar el bienestar de la población se concentran crecientemente en el ámbito microeconómico". Allí agrega que factores como la productividad, la calidad regulatoria, la eficiencia administrativa, la competencia y la innovación pasan a ser determinantes para reducir los costos de producción, mejorar la capacidad exportadora y elevar el nivel de vida de los ciudadanos.
El documento también argumenta que la experiencia internacional muestra que regulaciones "más simples, transparentes y eficientes" liberan recursos para la inversión, impulsan la productividad y favorecen la incorporación de nuevas tecnologías, mientras que mercados más abiertos y competitivos generan mejores precios y mayor variedad para los consumidores.
Uno de los ejes centrales del proyecto apunta directamente al funcionamiento de los mercados. Entre otras medidas, se propone fortalecer la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia otorgándole mayor autonomía, ampliar sus facultades de investigación, reforzar el control sobre concentraciones económicas y facilitar el acceso a información para los consumidores.
También se incorpora la obligación de publicar precios por unidad de medida para facilitar las comparaciones entre productos y se promueven mecanismos que faciliten la existencia de múltiples importadores de un mismo producto, buscando reducir barreras de entrada y aumentar la competencia, según la presentación del MEF.
Otra parte importante de la iniciativa está enfocada en reducir cargas administrativas. El proyecto prevé la promoción del notariado electrónico, la digitalización de libros societarios, la eliminación del papel en el comercio exterior, la creación de un Registro Único de Apoderados y Representantes para evitar duplicación de documentación y la posibilidad de realizar habilitaciones mediante trámites paralelos.
Además, incorpora el denominado "silencio positivo" para determinados procedimientos administrativos, con el objetivo de reducir incertidumbre para empresas y ciudadanos, y elimina la obligatoriedad de traducir determinados documentos redactados en inglés o portugués.
El proyecto también dedica un capítulo específico al apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. Entre las medidas aparecen un esquema de graduación tributaria para evitar saltos bruscos al crecer, una plataforma unificada para trámites ante BPS y DGI y un sistema integrado de gestión gratuito que incorporará herramientas de facturación, cobranza y administración.
En paralelo, la propuesta incluye instrumentos para impulsar el desarrollo del sector fintech, fomentar mecanismos de financiamiento como fondos de inversión cerrados y plataformas de crowdfunding, así como nuevos incentivos para parques industriales.
En materia agropecuaria se plantea la creación de un Sistema de Registro y Gestión Comercial y Certificación para digitalizar integralmente procesos del sector cárnico, mejorar la trazabilidad y reducir tiempos y costos administrativos.
Asimismo, se propone un régimen simplificado para facilitar la elaboración artesanal por parte de productores familiares, incluyendo quesos, chacinados, conservas, miel y otras producciones de pequeña escala, con el objetivo de agregar valor, diversificar ingresos y avanzar en la formalización.
Según la presentación oficial, la elaboración de la iniciativa incluyó más de 40 reuniones con cámaras empresariales, sindicatos, academia y organizaciones sociales, más de 150 propuestas recibidas mediante instancias de consulta pública, más de 20 reuniones técnicas interministeriales y el apoyo de expertos internacionales.