Luego de exponer un vídeo que presentaba un diagnóstico de la situación, los empresarios manifestaron su voluntad de trabajar con las autoridades. “Ya no se pueden seguir aprobando normas que deterioren más y más la competitividad” de las empresas advirtió la CCE, que reclamó la necesidad de encarar cuanto antes “las reformas imprescindibles para crear un clima de negocios que incentive la inversión y el trabajo uruguayo”.
Pérez comentó la situación actual según los rankings de The World Economic Forum (WEF) y los índices de Doing Business (DB) y destacó la importancia de mejorar la posición de Uruguay en infraestructura (#91) e infraestructura ferroviaria (#100), además de la necesidad de agilizar el calado de operaciones del puerto de Montevideo hasta los 14 metros en el corto plazo. Estos esfuerzos son necesarios de cara a “posicionar a Uruguay como un hub logístico” afirmó.
“Estamos 33% más caros de lo que hemos estado históricamente con Argentina”, señaló Munyo que coincidió en que existe un “estancamiento productivo” desde hace 4 años. Además, advirtió que no afectará a la economía Argentina (como anticiparon años atrás) sino que a nivel regional, la de Brasil y Uruguay pueden sufrir las consecuencias.
A pesar de una evolución favorable del PIB, desde el 2014 el PIB empresarial está sufriendo un estancamiento que, junto al desalineamiento del tipo de cambio y el aumento de las presiones fiscales, generan una situación desfavorable “que no es de ahora”, sino que “tiene varios años y es un problema que se ha ido acumulando”. Además, destacó la capacidad de la Cámara para generar propuestas y alternativas para construir un país competitivo, con una economía “sólida e innovadora, de ciudadanos calificados y prósperos”.
Uruguay debe apostar a definir estrategias de inserción internacional, tanto dentro como fuera del Mercosur, negociando con los países del bloque para que se habiliten modalidades de negociación con terceros países, en conjunto o individualmente. Además, demandaron promover el debate para diseñar una regla fiscal que limite la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas, profesionalizar la gestión de las empresas públicas e inhabilitar por cierto tiempo para la ocupación de cargos políticos a quienes hayan ejercido funciones de dirección en las empresas del Estado.