Antel tiene un año para salvar a la ecuatoriana Telecsa

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, mandó parar las millonarias pérdidas de la operadora de telefonía móvil de ese país, Alegro PCS (Telecsa) causadas por la mala administración de la empresa. No sólo le dio un plazo de un año para pasar los números del rojo al negro, sino que la obligó a firmar un acuerdo de gestión con Antel, a través de sus servicios de consultoría. Si pasado el plazo no se logran resultados, la empresa se pondría a la venta. Según el propio presidente Correa, “Telecsa se ha convertido en un saco sin fondo que le ha saqueado recursos al país”, por lo que le dará la última oportunidad para que la empresa cree una alianza estratégica con la empresa telefónica uruguaya. “Tenemos que sacrificar un poco de dinero pero si siguen perdiendo plata, vendemos Alegro, señores.  Y si eso causa la desaparición de la Corporación  Nacional de Telecomunicaciones que pena, pero no puede seguirle costando tanto al pueblo ecuatoriano”, remarcó. Telecsa es propiedad total del operador ecuatoriano de línea fija Andinatel. La compañía cuenta con una licencia de servicios móviles avanzados a 15 años, que se adjudicó en abril de 2003, y lanzó servicios en diciembre del mismo año con la marca comercial Alegro PCS.

Uruguay empieza a discutir las reglas para una movilidad autónoma (¿Quién paga si el auto sin conductor choca?)

(Por Antonella Echenique) Con vehículos que ya incorporan sistemas de conducción autónoma y la llegada de nuevas tecnologías al mercado uruguayo, el país comienza a discutir un vacío que hasta ahora parecía lejano: quién es responsable cuando detrás del volante ya no hay una persona. Un proyecto de ley presentado por el diputado Mauricio Viera busca crear el marco jurídico para estos vehículos, mientras que desde el BSE advierten que el mercado de seguros también deberá adaptarse.

Déficit subirá al 3,9% para ordenar las cuentas públicas y saldar deudas atrasadas del Estado con proveedores

El ministro de Economía, Óscar Lovera, sostuvo que el plan para disminuir la deuda del Estado con los proveedores contempla la ampliación del déficit fiscal al 3,9%, solicitud que se incluirá este año en la presentación del Presupuesto General de la Nación 2027. Para 2028, el Gobierno pretende volver a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y, aparentemente, la medida no genera grandes cuestionamientos ni entre los analistas ni en el empresariado.