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A la par de su obsesión por frenar la volatilidad cambiaria y contener la inflación, al presidente Mauricio Macri también lo desvela la urgencia por mostrar señales concretas de recuperación del consumo en el tramo decisivo de la campaña electoral que arrancará tras el cierre de listas del 22 de junio. Y está convencido de que la definición de las principales paritarias es la llave para garantizar ese objetivo. Supone que los nuevos aumentos salariales, sumados a los incrementos en las jubilaciones y la AUH serán un oxígeno esencial para los flacos bolsillos de los trabajadores y los sectores más vulnerables, y una herramienta potente en su apuesta de recuperar simpatías entre porciones relevantes del electorado bastante desencantadas con su gestión.
Una estrategia con dos ejes
En esa clave hay que leer los dos ejes de la estrategia que impulsó el Gobierno en la presente ronda de negociaciones salariales: por una parte, el apuro en la definición de los aumentos y, en paralelo, la falta de una referencia destinada a replicarse en forma uniforme en todos los convenios. El primer objetivo del plan está en plena marcha: si bien el arranque de las discusiones salariales se vio demorado en el primer trimestre del año por la dificultad sindical para hallar un esquema efectivo que evite repetir el mal trago del año pasado y que los aumentos sean licuados por la suba de precios, en el último mes se aceleró a un ritmo vertiginoso el cierre de las paritarias de las principales actividades del sector privado, al punto que solo resta que una decena de sectores defina sus acuerdos. Hasta ahora ya se han definido los aumentos de casi 3,2 millones de trabajadores del sector privado formal.
Los convenios definidos están lejos de representar un modelo único, como fue habitual en los últimos años. Bajo una premisa casi de “paritarias permanentes”, varios acuerdos avanzaron en la línea de definir aumentos por períodos cortos (bimestrales o trimestrales) con revisiones automáticas para actualizar el nivel de las recomposiciones en línea con la inflación acumulada en el período. Otros convenios, en tanto, privilegiaron los esquemas más tradicionales de fijar un incremento salarial mayor, que se arrancan con pisos del 30% y llegan hasta el 45%, y de instrumentación escalonada, aunque también incluyeron cláusulas fijas de reapertura de las negociaciones en caso de que la evolución de los precios supere sus previsiones.
Pese a esa disparidad, en el Gobierno destacan algunos denominadores comunes de los convenios ya firmados que alimentan sus aspiraciones de garantizar una mejora en los ingresos de bolsillos que redunde en una recuperación de los niveles de consumo en los meses clave de la campaña. Por una parte, en los despachos oficiales subrayan que tanto en los acuerdos anuales como en los convenios cortos el primer tramo de los aumentos, que en la gran mayoría promedian el 15%, sumado a subas adicionales bajo el formato de recomposición por el deterioro salarial de 2018 se harán efectivas entre mayo y julio. Y aseguran que en conjunto lograrán compensar el registro inflacionario del año que en el cuatrimestre enero-abril acumuló una aceleración de 15,6%. “Los acuerdos compensan lo que se perdió el año pasado y de mínima igualan la inflación de este, pero muchos están por encima de la inflación. Eso se va a sentir con fuerza cuando se empiecen a cobrar las subas”, describen en Gobierno.
El otro aspecto importante que señalan en la Casa Rosada se refiere a que la mayoría de las paritarias suscriptas, en sus diferentes modalidades, prevén algún tipo de revisión o reapertura entre agosto y octubre, lo que suponen significará una mejora adicional de los ingresos en el período crucial entre la realización de las PASO y las generales del 27 de octubre. La aspiración de la administración Cambiemos es que ese escenario, que supondría mayores recursos disponibles para el consumo, llegaría de la mano de algunas otras señales de recuperación de la economía, lo que -interpretan- permitiría descomprimir el malestar social de los últimos meses y provocar un repunte en la imagen presidencial, dato clave para las chances de Macri.
Una foto de alto alcance
La foto de la ronda de paritarias sobre la que el Gobierno monta sus expectativas contempla la definición de unos 20 convenios colectivos de actividad, que representan los salarios de alrededor de más de tres millones de trabajadores. Un lote importante de esos entendimientos lo constituyen los acuerdos que tomaron como referencia el pacto sellado por María Eugenia Vidal con los docentes bonaerenses y sellaron esquemas de renegociación trimestral con subas equivalentes a la inflación acumulada en el período. Allí figuran los convenios de la industria de la construcción, Sanidad, los mecánicos de Smata y los bancarios. El caso de los ferroviarios es similar, ya que se trata de un convenio con reapertura en cinco meses y ajuste en base a la suba de precios.
El grupo de los sindicatos que sellaron acuerdos por un año con incrementos que van del 23% al 45% y una o varias revisiones incluye a la UOM, Comercio, Obras Sanitarias, petroleros, gastronómicos, estatales nacionales, encargados de edificio, Utedyc, estaciones de servicio, aceiteros y trabajadores de la carne.
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