Esta ley, que llegó al Parlamento el año pasado, generó un debate en la sociedad, al punto que fue aprobada finalmente, con modificaciones hechas por el Senado, por 52 de los 99 diputados (30 votaron en contra y 17 no estaban en sala). La situación pone de manifiesto que el tema no está laudado en la sociedad y tendrá sus consecuencias ya que quienes están en contra de la megaminería, que no son solo grupos ambientalistas, anunciaron una campaña para derogarla a través de un referéndum. Según las estimaciones manejadas durante el debate parlamentario dejará al país unos US$ 1.000 millones al año (un 0,025% del PBI actual) pero según los contrarios a la ley, los perjuicios en el ambiente, la tierra y el agua podrían ser irreparables.
El primero de estos proyectos es el de la minera Aratirí, que pretende explotar cinco minas en la zona de Valentines y Cerro Chato, con profundidades que van de 200 a 380 metros. El Estado podría obtener US$ 500 millones anuales en los primeros años de desarrollo del proyecto y unos US$ 1.000 millones luego.
“Como te digo una co... te digo la o…” (aprueban ley pero ya se anuncia campaña para derogarla)
Más allá de las ventajas o desventajas de una ley que permite la instalación de la megaminería en Uruguay, luego del debate parlamentario lo que queda claro es que los acuerdos multipartidarios hay que tomarlos con pinzas. La ley que fija las condiciones para las inversiones como la de Aratirí fue aprobada, con modificaciones, por la cámara baja por 52 legisladores de 82 presentes en sala. Pero desde los movimientos ambientalistas se anuncia una campaña para llamar a un referéndum que dé a la ciudadanía la posibilidad de derogarla. Cautelosa, la empresa prefirió el silencio y no hizo declaraciones luego de la aprobación de la ley.
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