Por este motivo, en virtud de la importancia que el sector agropecuario tiene para el abastecimiento en la demanda mundial de alimentos y debido a que algunos Estados extranjeros participan a través de empresas y fondos de inversiones a fin de dar seguridad alimentaria a sus poblaciones, se hace necesario proceder a la revisión y actualización del marco regulatorio nacional en la materia, tal como lo han hecho otros países, como Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina.
En el proyecto de ley, el Ejecutivo propone declarar de “interés general la preservación y defensa de la plena soberanía del Estado uruguayo en relación a los recursos naturales en general y en particular, la tierra”.
Asimismo, dispone que la titularidad de inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias no podrá ser ejercida “por sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones con capital accionario representado por acciones al portador, cuyos titulares sean entidades propiedad de Estados extranjeros o fondos soberanos de los mismos”.
Aduciendo cuestiones de soberanía el Ejecutivo envía al Parlamento proyecto sobre tenencia de tierras
El Parlamento uruguayo recibió de manos del Poder Ejecutivo un proyecto de ley en el que se establece “la prohibición y tenencia de tierra a cualquier título con finalidades de explotación agropecuaria en todo el territorio nacional a empresas extranjeras o instaladas en Uruguay en las que participe -directa o indirectamente- un Estado extranjero”. El proyecto no modifica la normativa vigente referida a la inversión externa directa privada.
En la exposición de motivos, el texto aduce que, en función de la importancia económica del factor tierra para nuestro país, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la soberanía y un impacto positivo de las actividades productivas en el bienestar de los uruguayos.
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