Sin duda el objetivo es ambicioso, pero absolutamente necesario: en cinco años el 85% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recolectados deberá ser valorizado y priorizando su reúso, reciclaje o recuperación energética. Cuando se llegue a los dos años de la entrada en vigencia del decreto –noviembre de 2026– los planes deberán alcanzar la gestión del 40% de los RAEE generados, y en cuatro años, llegar al 60%.
Impacto que empieza a sentirse
Según datos de Depósito Pedernal, gestor autorizado del sector, uno de los principales fabricantes e importadores del país procesa hoy unos 35.000 kilos mensuales de RAEE. Esa cifra, aunque significativa, representa apenas una fracción del desafío: Uruguay genera 37.600 toneladas anuales de residuos electrónicos, equivalentes a 11,5 kilos por habitante por año, según el Ministerio de Ambiente.
Este volumen es similar al promedio mundial y superior al latinoamericano, colocando al país en una posición clave para consolidar un sistema de gestión sostenible.
“Cumplir con el decreto no es solo evitar sanciones: es una oportunidad para innovar y asumir un compromiso real con la sostenibilidad”, señala Matías Silva, integrante del equipo del Departamento de Medioambiente de Depósito Pedernal.
Una heladera cuyos residuos estén bien gestionados, por ejemplo, puede recuperar hasta el 90% de sus componentes, mostrando el potencial real que existe de una gestión eficiente. Por el contrario, los juguetes electrónicos —también incluidos en el régimen RAEE— presentan tasas mucho menores de recuperación debido a que están hechos mayoritariamente con plásticos de baja recuperabilidad.
Solo aquellos con metales o placas electrónicas ofrecen verdaderas oportunidades de reciclaje.
Según E-Waste Monitor de ONU, en el plano global la urgencia es clara: de los aproximadamente 62 millones de toneladas de e-waste generadas en 2022, apenas el 22,3% fue formalmente recogido y reciclado. Esto pone en perspectiva el reto que enfrenta Uruguay, que recién comienza a ordenar un flujo de residuos que, hasta ahora, circulaba en gran parte por canales informales.
El Ministerio de Ambiente apunta, además, a fortalecer las capacidades nacionales de procesamiento y formalizar las chatarrerías para evitar desvíos hacia mercados informales. También busca desarrollar tecnologías locales para tratar plásticos contaminados y recuperar materiales críticos presentes en los aparatos desechados.
A medida que las empresas se adaptan, el desafío es medir el grado de adhesión al nuevo marco normativo. Hasta el momento no se publicaron cifras oficiales sobre el porcentaje de actores que ya se incorporaron, lo que convierte esta temporada en un termómetro clave.
La aplicación del decreto durante la zafra no solo redefine las reglas de importación: también abre una discusión más amplia sobre el modelo de consumo y descarte. Esta Navidad será un test de cambio: ¿qué tan preparados están los sectores productivos para pasar del residuo al recurso?